La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de dos secretarios judiciales que fueron condenados junto al exjuez federal correntino Carlos Soto Dávila, en una causa en la que se los investigó por beneficiar a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de coimas, y dejó firme la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había agravado sus condenas. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos porque no se dirigían contra sentencias definitivas.

Soto Dávila, titular del juzgado federal 1 de Corrientes durante 22 años, renunció en febrero de 2019 a raíz de la causa en su contra, en la que se lo investigaba por favorecer a narcotraficantes. La fiscalía lo acusó de liderar una asociación ilícita. Sostuvo que en distintas causas que tramitaban ante su juzgado se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse en causas de narcotráfico, que incluían órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión.

En junio de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó, por mayoría, a seis años de prisión al exjuez federal por los delitos de "cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado en tres oportunidades en concurso ideal con tres hechos de prevaricato, todos ellos en concurso real". El tribunal también condenó a los secretarios del juzgado federal, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, a las penas de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, por entender que recibieron dinero y fueron partícipes del prevaricato. En el marco de esta causa también fueron condenados abogados y narcotraficantes.

A fines de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó las apelaciones y, a pedido de la fiscalía, revocó la absolución por el delito de asociación ilícita y agravó las condenas, por lo que ordenó reenviar el caso al Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes para que determinara nuevos montos de pena. La defensa de los secretarios presentó un recurso de queja contra esa decisión, pero el máximo tribunal desestimó la presentación porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.