La Cámara Federal porteña dispuso que la denuncia por presunto amedrentamiento a los residentes del club de campo Indio Cua, lugar donde el jefe de Gabinete posee una propiedad, continúe su curso legal en los tribunales de Comodoro Py. 

El fallo dirimió un conflicto de competencia territorial y determinó que el expediente permanezca en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazando de forma prematura el traslado de las actuaciones a un juzgado federal del partido bonaerense de Campana.

Custodia policial y presuntos mensajes

La presentación judicial que dio origen a la causa fue radicada en mayo pasado por la diputada nacional Marcela Pagano. 

En su denuncia, la legisladora expuso que se dispuso un operativo de la Gendarmería Nacional en los accesos al barrio cerrado, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, con aparentes fines de coacción hacia los copropietarios.

"Despliegue permanente de efectivos sin acto administrativo fundado, sin evaluación técnica de riesgo, sin requerimiento judicial y con presunta finalidad de amedrentamiento sobre los vecinos del complejo, sumado a la emisión por parte del propio funcionario denunciado de mensajes intimidatorios dirigidos a esos vecinos a través del grupo de WhatsApp del barrio", detalló la presentación de la diputada. 

La denuncia apunta a evaluar el accionar de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, de Manuel Adorni y de las autoridades de la fuerza de seguridad.

Resolución de la competencia judicial

El magistrado del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Farah, fue el encargado de destrabar la disputa jurisdiccional entre el Juzgado Federal 3 porteño y el juzgado de Campana. 

El camarista argumentó que desnderse de la causa en este momento resultaba apresurado debido al estado embrionario en el que se encuentra la investigación criminal.

"Ese temperamento fue adoptado cuando en la causa sólo obraba la denuncia y ni siquiera se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal", precisó el juez Eduardo Farah en su resolución. 

Con este dictamen, el caso quedó bajo la órbita del juzgado que conduce el magistrado Daniel Rafecas.

Conexión con la causa patrimonial

La propiedad del funcionario en Indio Cua se encuentra bajo el foco de la Justicia en el marco de una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. 

En ese expediente se analiza una reforma edilicia en el lote 380 que habría demandado un pago de 245 mil dólares en efectivo, cifra confirmada públicamente por el contratista Matías Tabar.

Por otra parte, la situación judicial de la familia del ministro coordinador sumó otro frente conflictivo. 

El fiscal Guillermo Marijuán solicitó el llamado a declaración indagatoria para Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, en una causa independiente donde se lo acusa del delito de presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de bienes.