El nombre de Ramón Lanús volvió a quedar en el centro de la discusión política por las múltiples denuncias y expedientes judiciales vinculados a su gestión al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aunque logró convertirse en el dirigente que terminó con décadas de hegemonía de la familia Posse en San Isidro, su desembarco en la intendencia estuvo atravesado por cuestionamientos relacionados con su pasado como funcionario nacional.

Antes incluso de las elecciones que lo llevaron al poder local, el conductor y empresario Mario Pergolini había lanzado una fuerte crítica pública contra Lanús. El ex dueño de Vorterix relató problemas que tuvo con trámites vinculados a una antena instalada en un inmueble estatal y apuntó directamente contra el entonces titular de la AABE.

"Cada vez que intenté solucionar este problema no lo quiso resolver", aseguró Pergolini en aquel momento, cuando Lanús competía en la interna de Juntos por el Cambio en San Isidro.

Las causas judiciales que complicaron a Ramón Lanús

La mayor parte de los cuestionamientos contra el actual intendente se originaron durante su paso por la AABE, el organismo encargado de administrar y disponer de los bienes inmuebles del Estado nacional.

Durante la gestión macrista, Lanús quedó involucrado en denuncias vinculadas a transferencias de terrenos y subastas de inmuebles públicos. Uno de los expedientes más resonantes estuvo relacionado con el traspaso de bienes nacionales a la Ciudad de Buenos Aires sobre el final del mandato de Macri.

La causa recayó inicialmente en el juzgado federal de Claudio Bonadio y luego continuó bajo la órbita de Julián Ercolini. Allí se investigaron presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra el Estado.

A eso se sumaron distintos informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que cuestionaron decisiones tomadas por la AABE durante la conducción de Lanús.

Uno de los puntos más polémicos estuvo relacionado con la adjudicación del Paseo de la Infanta, firmada apenas un día antes de dejar el cargo. Según el organismo de control, existía un posible conflicto de intereses porque la concesión habría beneficiado a empresarios cercanos al macrismo.

Otro informe oficial señaló además que el Estado habría perdido alrededor de 76 millones de dólares por subastas de inmuebles realizadas entre 2017 y 2018 a valores inferiores a los de tasación oficial.

Transferencias de tierras y denuncias por ventas de inmuebles

Entre las operaciones más cuestionadas también apareció la transferencia de terrenos vinculados a Isla Demarchi y Puerto Sur, en la Costanera Sur porteña, donde se proyectaban desarrollos inmobiliarios.

En paralelo, la Oficina Anticorrupción denunció en 2020 a figuras centrales del gobierno de Cambiemos como Marcos Peña, Rogelio Frigerio y al propio Lanús por operaciones de venta de terrenos en Catalinas Norte y campos ubicados en Córdoba.

La investigación quedó en manos del juez Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. Entre los casos analizados aparecieron operaciones vinculadas a empresas como Techint y Consultatio, ligada al empresario Eduardo Costantini.

A pesar de ese historial judicial y político, Lanús logró imponerse en San Isidro y consolidarse como una de las apuestas del PRO en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, dentro del distrito todavía persiste una fuerte disputa política entre el oficialismo local y los sectores vinculados al possismo, que ya trabajan para volver a competir por el control del municipio en las próximas elecciones.

En ese escenario, Lanús mantiene vínculos políticos con dirigentes históricos del PRO como Néstor Grindetti, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, además del respaldo del propio Mauricio Macri.