La Inspección General de Justicia (IGJ) dio un paso decisivo en su ofensiva contra la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

A través de una presentación formal, el organismo solicitó de manera urgente la designación de veedores judiciales con el objetivo de fiscalizar de cerca el funcionamiento interno de la institución de la calle Viamonte.

La medida se fundamenta en una serie de anomalías detectadas en los procesos administrativos y en la toma de decisiones de la entidad deportiva. 

Según los argumentos presentados por la IGJ, la presencia de estos veedores resulta indispensable para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes, ante lo que consideran una falta de claridad en los actos de la actual gestión.

Control y fiscalización
La solicitud no busca desplazar a las autoridades vigentes, sino establecer un control directo sobre las asambleas, la administración de fondos y los contratos que firme la asociación.

Desde el organismo de control sostienen que la situación institucional de la AFA requiere una vigilancia externa que impida la ejecución de actos que podrían ser declarados nulos o que afecten los derechos de los clubes miembros.

Este pedido se suma a una lista de cuestionamientos previos sobre la validez de las asambleas donde se definieron reelecciones y cambios de estatutos.

Ahora, la pelota está en el campo de la Justicia, que deberá determinar si hace lugar al pedido de la IGJ y bajo qué facultades asumirán los veedores en el edificio de la calle Viamonte.

El desenlace de esta presentación marcará un precedente clave en la relación entre el Estado y el fútbol profesional en el país.