La Justicia ratificó el procesamiento de Tapia, Toviggino y las cuentas de la AFA
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dejó firme la resolución contra la cúpula de la AFA por una presunta maniobra millonaria.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la investigación por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes previsionales.
La resolución dictada por el tribunal de alzada ratifica los embargos y las restricciones impuestas en la primera instancia, lo que deja la causa a un paso de ser elevada a la etapa de juicio oral y público. Según trascendió, la presunta maniobra delictiva bajo la lupa judicial involucra un monto que supera los 19.000 millones de pesos.
El fallo, que se da en medio del Mundial 2026 y con Tapia fuera del país, lleva la firma de los magistrados Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes resolvieron de manera diferenciada sobre las impugnaciones de las máximas autoridades del fútbol local.
En el caso de Claudio Tapia y de la propia AFA como persona jurídica, la Cámara declaró desiertos los recursos de apelación debido a que las respectivas defensas técnicas no se presentaron en tiempo y forma a las audiencias correspondientes. En consecuencia, los procesamientos dictados originalmente por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, quedaron firmes de modo automático sin recibir un análisis de agravios por parte del tribunal de alzada.
Por otro lado, los camaristas sí analizaron y rechazaron el recurso de apelación presentado de manera formal por la defensa de Pablo Toviggino. De acuerdo con la resolución judicial, existen elementos de convicción suficientes para determinar que el tesorero de la institución tenía pleno conocimiento de las obligaciones impositivas de la AFA y ejerció un rol activo en la toma de decisiones que derivaron en la falta de depósito de los fondos retenidos en los plazos fijados por ley.
El tribunal subrayó además que los montos retenidos a los dependientes en concepto de seguridad social no son propiedad de las asociaciones civiles ni pueden ser destinados a otros beneficios financieros corporativos.
La hipótesis delictiva planteada por la acusación sostiene que las autoridades de la AFA desplegaron una estrategia deliberada para postergar sistemáticamente el pago de los compromisos fiscales.
