La Justicia volvió a fallar en contra de la estrategia oficial de suspender el financiamiento a las universidades. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 27.795, rechazando la apelación presentada por la Nación.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron contundentes al desestimar los reclamos del Estado, asegurando que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no afecta el interés público. Por el contrario, advirtieron que lo que está en juego es un derecho constitucional central: la educación superior pública.

Qué debe cumplir el Ejecutivo

El fallo exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, lo que implica:

• Actualización salarial: Recomposición para docentes y no docentes por el período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025.

• Becas estudiantiles: La recomposición de todos los programas de ayuda para los alumnos.

La cautelar original había sido dictada por el juez Enrique Cormick tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el apoyo de más de 40 universidades. En ese momento, la justicia ya había considerado "arbitrario e ilegal" el decreto que pretendía condicionar la ley a la existencia de recursos específicos.

Un conflicto que no da tregua

La decisión judicial se da en un contexto de altísima tensión. Entre 2024 y 2025, el conflicto universitario marcó la agenda con movilizaciones masivas en todo el país. El lema "si hay veto, hay marcha" se convirtió en el emblema de las protestas del 17 de septiembre pasado, cuando la comunidad educativa salió a las calles para defender la ley sancionada por el Congreso.

Pese a que la oposición logró sortear los vetos presidenciales, el Gobierno intentó frenar la ejecución mediante decretos, argumentando que la cuestión presupuestaria es facultad exclusiva del Congreso. Sin embargo, la Cámara desacreditó esta postura y priorizó el deber jurídico de financiar el sistema educativo.

La estrategia oficial

Para intentar destrabar el frente judicial y legal, desde la Secretaría de Educación buscan ahora una salida política. La intención del oficialismo es elaborar una nueva ley que modifique el esquema financiero actual sin derogarlo totalmente, intentando obtener un consenso en el Congreso que le otorgue "seguridad jurídica" a los recursos, mientras el conflicto sigue sumando capítulos en los tribunales.