La Justicia rechazó este lunes una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que apuntaba a suspender el procedimiento de licitación de la Vía Navegable Troncal.

De acuerdo a la resolución a la que pudo acceder Crónica, el fiscal Guillermo Marijuan dictaminó en contra del pedido de la entidad que había solicitado que se ordenara a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la "suspensión inmediata de todo acto de avance sustancial, consolidación, perfeccionamiento o ejecución" del proceso licitatorio.

El fiscal recalcó que la investigación en curso "se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y el supuesto direccionamiento de la Licitación y la eventual defraudación", y subrayó que la causa "se encuentra en plena etapa de instrucción".

Además, sostuvo que el informe remitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas "no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante".

"Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe poco después de su remisión a esta dependencia, máxime cuando el mismo no había sido siquiera incorporado al sistema informático del Poder Judicial", aclaró Marijuan y como ejemplo, mencionó una publicación del diario La Nación del 15 de mayo que replicó el contenido del informe de la Procuraduría.

El fallo advierte que "no resulta este el proceso en el que deba ventilarse el informe presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas", ni tampoco el ámbito donde correspondiera tratar la medida impulsada por la asociación civil.

Asimismo, indicó que "no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada".

Según se consignó en el expediente, la misma organización mantiene otro juicio contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en tribunales de Santa Fe, donde también fue rechazada una cautelar similar.

"No se ha logrado acreditar, siquiera en grado de apariencia suficiente, la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta arbitrariedad del obrar administrativo cuestionado", añadió el fiscal y sostuvo que tampoco se demostró "un peligro concreto, actual e inminente en la demora" que justificara la suspensión del proceso licitatorio.