A 50 años del golpe de Estado, la historia de Andrés La Blunda vuelve a ponerle cuerpo a una de las heridas más profundas de la Argentina. Nieto restituido, apropiado cuando tenía apenas tres meses de vida, tras el secuestro de sus padres, su voz no llega desde la distancia sino desde la experiencia. Hoy, como legislador porteño, transforma ese pasado en una intervención en el presente y plantea un desafío: que la memoria deje de ser solo recuerdo y se convierta en acción. "La identidad no es solamente un nombre. Es una historia, un derecho, una verdad que nos constituye. También es un territorio de lucha y una conquista colectiva", dijo a este medio.

La trayectoria personal de Andrés está directamente marcada por el terrorismo de Estado. El 20 de abril de 1977, un grupo de tareas del Ejército irrumpió en un departamento de San Fernando y secuestró a sus padres, Pedro La Blunda y Mabel Fontana, militantes peronistas. Según testimonios, su papá fue asesinado en ese momento, mientras que Mabel fue trasladada al centro clandestino de Campo de Mayo, desde ese día permanece desaparecida.

"La memoria del golpe no se construyó solo desde el dolor, sino también desde la resistencia, la organización y la lucha del pueblo. La memoria es un bien público, no tiene dueño ni pertenencia partidaria", explica La Blunda, que tenía apenas tres meses de vida cuando el  Ejército lo entregó a una pareja que vivía en el departamento de enfrente. Creció sin conocer su origen, bajo el nombre de Mauro Gabriel Cabral.

El plan para infundir terror

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura que se extendió hasta 1983. Durante ese período, el Estado desplegó un plan sistemático de represión ilegal que incluyó secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Organismos de derechos humanos estiman en 30.000 las personas desaparecidas.

La apropiación de menores formó parte de ese plan. En el caso de La Blunda, su apropiación fue luego "legalizada" por la Justicia. La pareja que lo crió inició los trámites de adopción sin conocer su origen, y un juzgado de menores de San Isidro otorgó la guarda tras una investigación deficiente. La adopción plena se concretó en 1983.

Su caso mostró el rol que también tuvo el sistema judicial en la consolidación de apropiaciones durante la dictadura. En paralelo, en 1977, un grupo de mujeres comenzó a buscar a los bebés robados a sus hijos e hijas desaparecidos o nacidos en cautiverio. Esa organización  dio origen a Abuelas de Plaza de Mayo.

Se estima que unos 510 niños fueron apropiados durante esos años. Hasta hoy, 140 recuperaron su identidad, mientras que 252 continúan siendo buscados y en 118 casos no hay información.

El proceso de restitución de identidad en la Argentina marcó un precedente mundial. El desarrollo del índice de abuelidad, impulsado por la científica Mary-Claire King, permitió determinar vínculos familiares aun sin contar con los padres biológicos.

En 1987, el Estado creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que conserva muestras de familiares de desaparecidos y sigue siendo clave para quienes dudan sobre su identidad.

"Las huellas de la dictadura no quedaron atrás. Persisten en el ocultamiento del destino de los desaparecidos, en estructuras económicas y en discursos que buscan naturalizar prácticas autoritarias", asegura La Blunda, sus palabras repiten el temor de muchas otras victimas, de los más de 600 centros clandestinos de detención en todo el país. Lugares como la ESMA, El Vesubio o La Perla operaron como engranajes de un sistema represivo que actuó por fuera de la ley, pero con estructura estatal.

Juicios y condenas

Tras el retorno de la democracia en 1983, el Estado argentino avanzó en el juzgamiento de los responsables. El Juicio a las Juntas marcó un hito internacional. Décadas más tarde, la anulación de las leyes de impunidad permitió reactivar los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.

A medio siglo del golpe de Estado, los procesos judiciales continúan activos. Desde 2006, la Justicia dictó 361 sentencias y condenó a 1.231 personas por crímenes de lesa humanidad.

"En la Argentina no hubo venganza: hubo justicia. Y eso demuestra que una sociedad puede enfrentar sus peores heridas dentro del Estado de derecho", asegura La Blunda sobre el argumento que ahora esgrimen algunos sectores de la sociedad para pedir la liberación de los represores.

Sus palabras llegan en una coyuntura activa: hay 12 juicios en trámite en distintas provincias y 282 causas en etapa de investigación preliminar, con casi 300 procesados. La distribución refleja tanto el alcance de las investigaciones como sus límites, atravesados por el paso del tiempo.

En muchos casos, la Justicia llegó tarde o no llegó. Cientos de imputados murieron antes de ser juzgados y otros fallecieron mientras cumplían sus condenas.

En el presente, el nieto recuperado alertó sobre nuevas tensiones en torno a la memoria. "El negacionismo no solo busca relativizar los crímenes del pasado. También intenta justificar prácticas represivas en el presente para sostener modelos que perjudican a las mayorías", destacó.

"Hay que organizar la memoria como una fuerza viva, llevarla a las escuelas, a los barrios y a los lugares de trabajo para construir un horizonte de justicia, igualdad y democracia", insiste Andrés, y dejó un mensaje abierto a quienes dudan sobre su propio orígen: "no dejen de buscarse. Su identidad es un derecho individual, pero también una verdad indispensable para toda la sociedad. Cada identidad recuperada repara una herida colectiva. Cada restitución confirma que la lucha valió la pena".