La Cámara de Diputados de la Nación Argentina fijó dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares y postergó hasta abril su tratamiento en el recinto. La decisión fue adoptada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, que definió un esquema híbrido con participación presencial y virtual.

Las jornadas se realizarán el 25 y 26 de marzo, luego de que bloques opositores reclamaran ampliar el mecanismo de participación. El oficialismo había propuesto inicialmente una sola audiencia, pero finalmente aceptó desdoblarla para garantizar mayor intervención de provincias y sectores involucrados en la discusión.

El diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) confirmó que la primera jornada se desarrollará el 25 de marzo, de 10 a 19, y que permitirá exposiciones presenciales o a través de Zoom. Tras los planteos de la oposición, se incorporó una segunda fecha el 26 de marzo para ampliar el cupo de oradores.

El esquema habilita presentaciones por escrito y fija cinco minutos de exposición por participante, con posibilidad de reducción si la cantidad de inscriptos supera las previsiones iniciales. La inscripción se realiza a través del correo electrónico de la comisión de Recursos Naturales.

Para asegurar la validez institucional del encuentro, deberán asistir al menos cuatro diputados por cada comisión convocada. El Congreso busca cumplir con los estándares de participación previstos en la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo.

La discusión expuso diferencias sobre el alcance federal de la convocatoria. Legisladores de distintos bloques señalaron que la norma impacta en cuencas hídricas que atraviesan varias provincias y que el debate debe reflejar esa interjurisdiccionalidad, especialmente en territorios donde la protección de glaciares se vincula con actividades productivas.

En ese marco, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió un criterio federal que incluya tanto a provincias con desarrollo minero como a aquellas sin actividad extractiva. Por su parte, Sabrina Selva (Unión por la Patria) coincidió en que la audiencia debe garantizar participación pública en función de las cuencas afectadas y contemplar la intervención de comunidades indígenas vinculadas a los territorios alcanzados.

La reforma involucra el régimen de presupuestos mínimos ambientales y la protección de reservas estratégicas de agua, pero también abre un debate sobre seguridad jurídica, competencias entre Nación y provincias y el marco regulatorio para actividades productivas asociadas a recursos naturales. Con el nuevo cronograma, el oficialismo no podrá llevar el proyecto al recinto antes de abril, en una discusión que combinará exigencias ambientales, intereses provinciales y previsibilidad para la inversión. de la Nación Argentina fijó dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares y postergó hasta abril su tratamiento en el recinto. La decisión fue adoptada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, que definió un esquema híbrido con participación presencial y virtual.

Las jornadas se realizarán el 25 y 26 de marzo, luego de que bloques opositores reclamaran ampliar el mecanismo de participación. El oficialismo había propuesto inicialmente una sola audiencia, pero finalmente aceptó desdoblarla para garantizar mayor intervención de provincias y sectores involucrados en la discusión.

El diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) confirmó que la primera jornada se desarrollará el 25 de marzo, de 10 a 19, y que permitirá exposiciones presenciales o a través de Zoom. Tras los planteos de la oposición, se incorporó una segunda fecha el 26 de marzo para ampliar el cupo de oradores.

El esquema habilita presentaciones por escrito y fija cinco minutos de exposición por participante, con posibilidad de reducción si la cantidad de inscriptos supera las previsiones iniciales. La inscripción se realiza a través del correo electrónico de la comisión de Recursos Naturales.

Para asegurar la validez institucional del encuentro, deberán asistir al menos cuatro diputados por cada comisión convocada. El Congreso busca cumplir con los estándares de participación previstos en la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo.

La discusión expuso diferencias sobre el alcance federal de la convocatoria. Legisladores de distintos bloques señalaron que la norma impacta en cuencas hídricas que atraviesan varias provincias y que el debate debe reflejar esa interjurisdiccionalidad, especialmente en territorios donde la protección de glaciares se vincula con actividades productivas.

En ese marco, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió un criterio federal que incluya tanto a provincias con desarrollo minero como a aquellas sin actividad extractiva. Por su parte, Sabrina Selva (Unión por la Patria) coincidió en que la audiencia debe garantizar participación pública en función de las cuencas afectadas y contemplar la intervención de comunidades indígenas vinculadas a los territorios alcanzados.

La reforma involucra el régimen de presupuestos mínimos ambientales y la protección de reservas estratégicas de agua, pero también abre un debate sobre seguridad jurídica, competencias entre Nación y provincias y el marco regulatorio para actividades productivas asociadas a recursos naturales. Con el nuevo cronograma, el oficialismo no podrá llevar el proyecto al recinto antes de abril, en una discusión que combinará exigencias ambientales, intereses provinciales y previsibilidad para la inversión.