El oficialismo firmó este lunes en Diputados el dictamen de mayoría de la ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

La intención de La Libertad Avanza es tratarla en una sesión a principios de mayo, luego del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto para el 29 de abril.

La iniciativa apunta a derogar normas y regulaciones que el Gobierno clasifica como vetustas u obsoletas. Según el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, Argentina acumula "más de un millón de normas" entre leyes, decretos y resoluciones ministeriales, lo que genera "un severo problema de inflación normativa".

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las derogaciones se agrupan en seis categorías: normas que cumplieron su objeto, las que restringen libertades individuales, las que imponen trámites inútiles, las que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías o cambios sociales, las que crean obligaciones para organismos inexistentes y las que financian estructuras sin función actual.

"Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa", indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales "se contabilizan más de un millón de normas". 

"Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano", señaló.

Uno de los puntos más polémicos es la derogación de la ley 11.380, que autoriza al Banco Nación a otorgar préstamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios para ese tipo de entidades.

La oposición advirtió sobre temas "sensibles"

El diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano cuestionó la velocidad del trámite y advirtió que, detrás de la "limpieza normativa", hay "una intervención de mayor alcance del Poder Ejecutivo" sobre el modelo de Estado. 

Señaló que el proyecto toca áreas de salud, educación y cultura, e incluye la derogación de la ley de producción pública de medicamentos y el control sanitario de la lepra, enfermedad que registró entre 300 y 400 casos en la última década.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la iniciativa como "una muestra de autoritarismo total" por avanzar "sin consultas mediante".

En respuesta, la diputada oficialista Patricia Vásquez defendió la medida y lamentó que la oposición no pueda acordar "no tener leyes en desuso".