Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Javier Milei y Manuel Adorni
La diputada nacional por el bloque Coherencia consideró que la moción de censura contra el jefe de Gabinete "se queda corta".
La diputada nacional por el bloque Coherencia Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y el presidente Javier Milei.
Al referirse a la solicitud contra el primer mandatario, argumentó que fue "por encubrir a este ladrón", en alusión al ministro coordinador.
Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO
La legisladora, ex integrante de La Libertad Avanza, consideró que la moción de censura que sectores de la oposición impulsan en el Congreso contra el jefe de Gabinete "se queda corta". "Sólo lo saca del cargo y mañana lo tenemos al señor corrupto ocupando otro ministerio o cargo público", argumentó.
En un mensaje publicado este jueves en su cuenta de la red social X, Pagano anunció: "Ayer presenté el juicio político a Manuel Adorni y a Javier Milei por encubrir a este ladrón. La moción de censura que hoy estudia el Congreso llega tarde y, por ende, queda corta: sólo lo saca del cargo y mañana lo tenemos al Sr. corrupto ocupando otro ministerio o cargo público".
A continuación, remarcó que "el juicio político, en cambio, lo destituye e inhabilita para siempre a ejercer un rol en el Estado, teniendo que explicar sus delitos ante la Justicia".
"Mientras a vos te exprimen con impuestos, Manuel Adorni escondió medio millón de dólares evadiendo al fisco durante 25 años", añadió.
En este marco, Pagano prometió que hará todo lo que esté a su alcance para "evitar que un corrupto se recicle en otro cargo".
Y, con ironía, cerró: "El que las hace, las paga, ¿no era así el eslogan de campaña?".
Avanza la investigación judicial contra Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita profundizó en las últimas horas la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, al dictar una serie de medidas para analizar sus movimientos en plataformas de criptomonedas e identificar otras operaciones.
La decisión quedó plasmada en una resolución en la que se ordenaron oficios dirigidos a empresas privadas y distintos organismos del Estado, con el objetivo de reconstruir movimientos de dinero y operaciones vinculadas a bienes.

