El escenario político para el oficialismo se empezó a resquebrajar por donde más le duele: la confianza de su núcleo duro. Según el último estudio de Proyección Consultores, el impacto del caso que involucra a Manuel Adorni ya genera dudas o rechazo directo en el 20,3% de quienes eligieron la boleta de La Libertad Avanza (LLA). El dato no es menor: el 58,9% de la sociedad califica los hechos como "graves", en medio de una causa judicial que avanza sobre los bienes del funcionario.

La controversia escaló a partir de una serie de gastos de lujo que resultan difíciles de justificar con el sueldo declarado del jefe de Gabinete. El foco inicial se puso en el uso del avión presidencial para traslados de su círculo familiar a Estados Unidos y la contratación de jets privados para viajes de descanso a Punta del Este. Estas situaciones, lejos de ser aclaradas, abrieron un frente judicial por presunta malversación y enriquecimiento, dado que el funcionario no pudo precisar el origen de los fondos para costear traslados que superan ampliamente sus ingresos oficiales.

En paralelo, la Justicia federal investiga una compleja trama inmobiliaria donde Adorni y su esposa incorporaron departamentos en zonas exclusivas y propiedades en barrios privados sin desprenderse de sus activos previos. Lo que llamó la atención de los investigadores es el método de financiación: una red de prestamistas particulares -en su mayoría mujeres jubiladas sin capacidad financiera aparente- habrían facilitado montos millonarios a tasa cero. Incluso se detectó que estas transacciones se formalizaron dentro de la propia Casa Rosada, según las visitas registradas de la escribana a cargo de las operaciones.

Actualmente, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita mantienen el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el patrimonio del matrimonio y sus empresas vinculadas. La situación judicial se agravó con la sospecha de que algunas propiedades fueron registradas como bienes unipersonales de su esposa para evitar los controles de bienes gananciales. Esta opacidad en el manejo de las cuentas personales de una de las figuras con mayor exposición del Gobierno es lo que ha dinamitado la paciencia de gran parte del electorado.

El impacto electoral de este "Adornigate" es el reflejo de una sociedad que se muestra especialmente informada sobre el caso: el 75,5% de los encuestados manifestó estar al tanto de la situación. Si bien el oficialismo mantiene un piso de apoyo del 31,2%, la sensibilidad del votante libertario ante los posibles privilegios de los funcionarios está pasando factura. Con un 8,5% que dejaría de votarlos y un 11,8% que hoy tiene dudas, el Gobierno enfrenta uno de los desafíos más complejos para su relato de transparencia y austeridad.