El diputado nacional y jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sacudió el escenario político al reclamar formalmente la intervención del Congreso de la Nación para declarar la nulidad de la condena y posterior detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. 

El experimentado legislador argumentó que el fallo ratificado por la Corte Suprema de Justicia se encuentra "viciado" por severas irregularidades procesales que ponen al sistema democrático en una situación de extrema fragilidad.

Cuestionamientos al proceso judicial y el rol del legislativo

Las declaraciones del legislador se dieron en concordancia con diversas actividades y manifestaciones a un año de la sentencia del máximo tribunal. 

Al exponer sus fundamentos, Pichetto enumeró las fallas técnicas que, según su visión, invalidan el dictamen de la Justicia ordinaria: "Lo que está en juego es la nulidad, la enorme lesión a la defensa en juicio; el no haber tenido un tribunal completo; el no haber tenido al juez natural desde el inicio; el no haber tenido al fiscal natural que le correspondía a la jurisdicción". 

Asimismo, remarcó que las responsabilidades y conductas de un jefe de Estado deben evaluarse mediante procedimientos especiales regulados por la Constitución y no a través de las vías comunes.

Frente a este diagnóstico, el referente parlamentario planteó una tesis jurídica novedosa respecto de las facultades del Poder Legislativo para revisar actos de otros poderes del Estado. 

Sostuvo que, al igual que las cámaras tienen la potestad de tomar juramento a las máximas autoridades o convalidar los resultados electorales, poseen también atribuciones implícitas para actuar ante situaciones que pongan en jaque la estabilidad institucional del país.

Un planteo que desafía la clásica división de poderes

El propio diputado reconoció el fuerte impacto político y judicial que conllevan sus afirmaciones en momentos de alta polarización: "Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso". 

Para Pichetto, la persistencia del arresto domiciliario sobre una figura que ejerció la primera magistratura del país durante dos mandatos constitucionales representa una anomalía institucional insostenible en el tiempo.

El posicionamiento del titular de Encuentro Federal se plasmó inicialmente en el marco de una reunión informativa convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, ámbito adonde asistieron juristas y agrupaciones sociales para denunciar las condiciones de detención de la exmandataria. 

La postura adoptada por el exsenador marca un nuevo capítulo en sus habituales realineamientos políticos, acercándolo nuevamente a los sectores del peronismo que exigen la revisión integral de las causas por administración fraudulenta contra la dirigencia opositora.