Por Jimena Golender

A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos y ONGs alertaron por las consecuencias devastadoras del desfinanciamiento de las políticas de género destinadas a prevenir y abordar la violencia contra las mujeres.

El ajuste obligó a cerrar programas, achicar planes de asistencia a las víctimas y desplazó a cientos de trabajadores de áreas clave.

Tras una época de conquistas que incluyó la marea verde, la Ley de Aborto Legal y la creación de Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el desafío de enfrentar la era Milei sin herramientas reabrió la discusión sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a casos como el reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. 

Con un Gobierno nacional que lucha por erradicar la perspectiva de género y se refiere a las políticas destinadas a abordar la asimetría entre hombres y mujeres como un "curro", no es ninguna sorpresa el desmantelamiento que lleva adelante desde el 10 de diciembre de 2023. 

La violencia en cifras

De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas de femicidio. Si bien la cifra representa una baja respecto al año anterior, desde las organizaciones especializadas advierten que la violencia no ha disminuido. 

Desde 2017, el país registra en forma sostenida una mujer asesinada cada 36 horas por razones de género. Especialistas sostienen que los femicidios son la manifestación más extrema de violencia dentro de un sistema que incluye agresiones psicológicas, económicas, sexuales, virtuales e institucionales. 

Por eso, advierten sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, acompañamiento y acceso a la justicia antes de que que cada caso termine en forma fatal.

Desde Amnistía Internacional sostuvieron que los hechos más recientes, como el de Agostina Vega, ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la asistencia a mujeres vulnerables y las instituciones.

"Reconocer el femicidio es fundamental para comprender que no se trata de homicidios comunes, sino de una violencia estructural que requiere respuestas específicas. Cuando el Estado no previene, no protege o investiga de manera deficiente, se fortalecen los mecanismos de impunidad", señaló Mariela Belski, directorade la organización. 

Los ajustes sobre políticas de género en la época libertaria

Uno de los principales puntos señalados por Amnistía Internacional es el retroceso de programas estatales destinados a asistir a mujeres y diversidades en situación de violencia. Según el organismo, desde fines de 2023 se redujeron herramientas clave. 

Entre ellas mencionan la reducción de recursos de la Línea 144, cambios en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en mecanismos de asistencia destinados a niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios. 

Aismismo, en febrero de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas advirtió sobre la reducción presupuestaria en programas de prevención y el debilitamiento de políticas como la Educación Sexual Integral y el Plan ENIA. 

A dos años del inicio de la actual gestión de gobierno, los efectos del ajuste en este área son devastadores. 

"No se trató de una acción única sino de una sucesión de decisiones y omisiones que fueron desarmando progresivamente el andamiaje institucional que a lo largo de distintas gestiones de gobierno se había ido configurando para que las leyes vigentes no fueran solo promesas en el papel. En los últimos 24 meses, con prisa y sin pausa, se fue consolidando el derrumbe de las políticas públicas que si bien no habían logrado su cometido, de todos modos eran parte del camino sinuoso hacia la igualdad", destacó en un informe el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de ELA.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei las reformas normativas fueron sucesivas. 

Primero llegó el Decreto N° 8/2023, emitido el mismo día de la asunción presidencial, se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 y se dispuso la transferencia de las competencias, compromisos y obligaciones del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) hacia la órbita del creado Ministerio de Capital Humano que modificó su rango institucional. 

A partir de estas modificaciones, el organismo rector de las políticas de género a nivel nacional se transformó en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Luego, el 6 de junio de 2024, se dio a conocer su cierre definitivo. 

La disolución del ministerio nacional afectó a las administraciones provinciales. Un relevamiento de junio 2024 identificó que cinco provincias que habían jerarquizado sus áreas de género en la gestión anterior, con ministerios provinciales, modificaron la estructura de estos espacios.

Este retroceso institucional quedó reflejado en un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La partida asignada a políticas de violencia de género sufrió una reducción real del 62% en comparación con el año 2023. Esta baja afectó la operatividad de los dispositivos de asistencia directa. 

Tan solo en el primer bimestre de 2024, el Programa Acompañar y la Línea 144 registraron una reducción presupuestaria combinada del 65% respecto al mismo lapso de 2023. 

El Programa Acompañar, que otorgaba apoyo económico y seguimiento a mujeres y personas LGBTI+, disminuyó su ejecución en un 79%. 

La disminución de recursos alcanzó de igual modo a otras políticas del sector. Las partidas destinadas a las ayudas de urgencia para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios se redujeron a cero, mientras que los programas de protección a víctimas de trata cayeron un 72,11% y las acciones de rescate disminuyeron un 90%.

En este mismo período del año 2024, los servicios de asistencia brindados por la Línea 144 se contrajeron un 4%, al tiempo que los casos que requerían un seguimiento institucional cayeron un 25%. 

Las variaciones resultaron más marcadas al contrastar los datos del primer trimestre de 2024 con el primer trimestre de 2025, lapso en el cual las llamadas registradas cayeron un 51,4%, descendiendo de 8.482 a 4.122 comunicaciones. 

La caída coincidió con ajustes en la planta de personal asignada al servicio telefónico de emergencia. Entre los meses de junio y septiembre del año 2024, la dotación de trabajadoras de la Línea 144 nacional se redujo en un 45%, pasando de 128 a 70 operadoras. 

Por último, los programas de formación obligatoria en materia de género contemplados en la Ley Micaela sufrieron una interrupción. Mientras que en el período comprendido entre los años 2020 y 2023 se registraron 234.710 empleados de la función pública nacional capacitados, los registros oficiales indicaron que hasta noviembre de 2024 no se implementó ninguna nueva capacitación.