Por Jimena Golender

El brutal asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, reabrió el debate sobre la validez de la figura de femicidio en el Código Penal. En el marco de un nuevo aniversario del Ni Una Menos, cronica.com.ar dialogó con la socióloga feminista Dora Barrancos sobre la importancia de comprender por qué la ley distingue estos crímenes de otros homicidios.

La conmemoración de esta fecha renovó la necesidad de saber comprender y diferenciar estas muertes violentas, según lo establece la normativa vigente. En el Código Penal se detalla que estos crímenes no responden a factores aislados, sino a una problemática social que requiere un tratamiento específico por parte de las instituciones. 

A trece años de la incorporación de esta agravante en la legislación, el Gobierno, algunos de sus funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza han cuestionado la figura del femicidio y hasta impulsaron una eventual derogación que no obtuvo los consensos requeridos para llegar al Congreso.

"No pueden hacerlo, es una barbaridad", afirmó Barrancos. "Querer quieren, pero no han logrado presentar ningún proyecto. No están dados los consensos. No creo que se animen", sostuvo la referente feminista.

La sanción de la Ley de Femicidio y sus alcances

Argentina fue uno de los países pioneros en tipificar penalmente la manifestación más extrema de la violencia ejercida hacia las mujeres. La modificación se concretó en el 2012, a través de una reforma del artículo 80 del Código Penal de la Nación. 

De este modo, la reforma otorgó herramientas precisas para modificar los criterios de interpretación que históricamente prevalecieron ante asesinatos de mujeres. Previo a la incorporación de esta figura, estas muertes violentas solían encuadrarse como "crimen pasional" u "homicidio agravado por el vínculo". 

El marco legal vigente permitió desnaturalizar las concepciones que vinculaban estos hechos con impulsos pasionales, estableciendo que el origen real se halla en una asimetría de poder. "La figura del femicidio tal como aparece en el Código Penal lo que hace es agravar las penas cuando un crimen se da en un marco de violencia de género, con alevosía", explicó Barrancos.

La norma conocida como Ley de Femicidio, aun cuando dicho término no se incorporó en el texto oficial. La reforma consistió en agravar las sanciones de los homicidios dolosos cuando el autor es un varón, la víctima es una mujer y mediare una situación de violencia de género, o cuando el vínculo preexistente corresponda a parejas o ex parejas.

 Con el inicio de la aplicación de la reforma, la Corte Suprema de Justicia emitió en el 2014 un documento que puntualizó sobre la ausencia previa de una categorización adecuada para referirse a la expresión más crítica de la violencia hacia las mujeres. A través de dicho texto, el tribunal supremo explicó que "se carecía de una palabra para expresar la forma más extrema de violencia contra las mujeres, producto de las relaciones inequitativas entre los géneros, por eso, fue necesario acuñar un nuevo término: femicidio". 

Asimismo, la Corte añadió que "concebir de esta forma los asesinatos de mujeres por razones de género permite una comprensión más profunda del fenómeno y sus causas, entre ellas un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales entre hombres y mujeres". 

El caso Agostina Vega y la postura del Gobierno

El caso ocurrido en Córdoba obligó al Gobierno a reconocer que se trató de un femicidio, pese a la demora de la justicia en caratularlo como tal. 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, catalogó inicialmente el crimen de la menor como un "homicidio", aunque horas más tarde el fiscal de la causa, Raúl Garzón, formalizó la imputación bajo la carátula de femicidio. 

Durante una conferencia de prensa para difundir las cifras oficiales sobre asesinatos a mujeres, la funcionaria aclaró: "Nosotros, como Ministerio de Seguridad Nacional, no hacemos el seguimiento de los femicidios como tal, la categoría "Femicidio" la realiza la Justicia. (...) En concreto, en el último año 279 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las cuales 200 son consideradas y caratuladas como femicidio". 

Barrancos destacó la contradicción del oficialismo: "Dicen que no existe el femicidio como tal, pero dan una conferencia de prensa para anunciar que bajaron los femicidios. Hay crímenes que no están caratulados como femicidios, ¿cómo los contabilizan?".

La postura de la ministra se alinea con las declaraciones que el presidente Javier Milei realizó en 2025 durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde anticipó su intención de revisar la figura legal: "Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre". 

En diciembre del año pasado, el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ratificó el proyecto de reforma penal y prometió "eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino" bajo el argumento de que el Gobierno "defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra". 

Tras la difusión de los resultados de la autopsia de Agostina que derivaron en la imputación por femicidio a Claudio Barrelier, la ministra Monteoliva modificó su postura y reconoció que efectivamente, se trató de un femicidio aunque insistió en que era "necesario" conocer "todo el contexto".

Para Barrancos, la investigación debería haberse iniciado bajo la sospecha de esta carátula para avanzar más rápido. "Se podrían haber aplicado los protocolos correspondientes desde el comienzo de la investigación. La familia denunció a la madrugada la desaparición de Agostina y dieron algunos nombres. ¿Por qué no se investigó al sospechoso inmediatamente? También se demoró el Alerta Sofía", remarcó la socióloga y agregó: "Lamentablemente en las instituciones a cargo de investigar persisten estereotipos respecto a la clase social de las mujeres que desaparecen".

Cifras alarmantes

En lo que va del año 2026, La Casa del Encuentro registró un total de 87 femicidios, mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió las estadísticas del año 2025, reflejando una cifra de 200 femicidios basados en las causas judiciales en trámite. 

Al comparar de manera interanual los expedientes por víctimas directas, se identificaron 200 casos en 2025 frente a los 228 registrados en 2024, lo que representa una baja del 12,3%. 

Este año, el Ni una Menos se vuelve a dar en medio de la tragedia. "La tenemos incorporada, es lo que venimos denunciando todos los años. Es consecuencia de un sistema violento, hay un inculcamiento de supremacía masculina y de patrimonio sobre las mujeres", se lamenta Barrancos. 

"Son épocas, hay momentos políticamente más autorizantes desde los gobiernos con discursos del tipo 'Por qué vale más la vida de una mujer que la de un hombre'. Es una vergüenza", insiste la referente feminista. Sin embargo, la fuerza que transmite Dora es inclaudicable: "Tengo un optimismo que no tiene redención. Estamos asistiendo a una era trágica de backlash, de regresión de derechos. Quieren hacer ver a la justicia social como un delito pero están generando la respuesta contraria a todos los avances que intentan. Se genera un contramovimiento, hay algo que se está encendiendo. Estoy convencida que hay una parte de la sociedad que está reaccionando, como ocurrió en 2015, cuando nació el Ni una Menos".