En el marco de la movilización de Ni Una Menos, realizada en Córdoba, Elizabeth la abuela de Agostina Vega apuntó contra el accionar judicial y policial tras denunciar que las autoridades ignoraron los datos aportados por la familia durante las primeras horas de la desaparición de la joven. 

La mujer, que asistió a la manifestación nacional, aseguró que el entorno de la víctima sufrió una tortura constante debido a la inacción oficial.

 Denuncias por inacción policial y pedidos de detención

Más tarde, ante la prensa, detalló que el domingo por la tarde suministraron información clave a los investigadores a partir del testimonio de un remisero. 

"No nos dieron importancia, mi hija fue a denunciar la pérdida de su hija que había desaparecido y nadie le dio bolilla, no la escucharon", criticó respecto a la atención recibida en la Comisaría 13.

Asimismo, la mujer sostuvo que el principal sospechoso, Franco Barrelier, no actuó en soledad y exigió la aprehensión de una mujer del entorno. 

"Queremos que con Agostina hagan justicia, que caigan todos los que tienen que caer, todos, porque falta más gente, porque ese tipo no lo puede haber hecho solo", enfatizó.

 Al ser consultada por el estado de salud de la madre de la menor, confirmó que permanece bajo asistencia médica: "Melisa sigue sedada, ella sabe que su hija ya no va a estar pero ella todavía no toma conciencia de eso porque está muy mal psicológicamente" .

Pruebas clave y peritajes en el lugar del hecho

Durante la jornada judicial, la familia mantuvo una reunión con el fiscal Raúl Garzón para aportar un nuevo elemento encontrado en la vivienda de la víctima. 

"Nosotros lo que aportamos fue la última voluntad de mi nieta, en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana", reveló Elizabeth, aunque prefirió preservar los detalles del contenido por recomendación legal.

En paralelo a las declaraciones, efectivos policiales montaron un estricto perímetro en las inmediaciones de la vivienda del imputado para llevar a cabo peritajes ordenados por el Ministerio Público.

Los especialistas técnicos dispusieron el corte total de las calles linderas con el objetivo de realizar una prueba acústica y mediciones electrónicas.

La medida busca determinar de manera fehaciente si los ruidos emitidos desde el interior del inmueble podían ser percibidos desde las dependencias delanteras o por los vecinos de la cuadra.