Tras el reclamo de los gobernadores e intendentes de distintas partes del país, el Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Economía de la Nación, fijó esta jornada las condiciones para el traspaso de obras públicas a provincias y municipios. 

Según lo establecido en la resolución 452, se tendrá en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido en la ejecución y los costos que conlleve.

La medida fue publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, donde se indica que las obras bajo el programa “Argentina Hace” se llevarán adelante en busca de “la contribución al financiamiento de proyectos que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas provincias o municipios que así lo requieran”.

Asimismo abarca también a la asistencia efectuada a diversos entes donde la ejecución del proyecto resulte de interés, “con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público; al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del país”.

Obras Públicas estableció determinadas condiciones respecto de los convenios a los que se adhiera a futuro o a los que ya se encuentran en ejecución.

En esa línea, la Secretaría de Obras Públicas, que depende de Economía, estableció determinadas condiciones respecto de los convenios a los que se adhiera a futuro o a los que ya se encuentran en ejecución. Por su parte, se establece que si las provincias o municipios no aceptan o no les es viable continuar con la ejecución de la obra sin asistencia del Estado nacional, deberá determinarse la conveniencia o no de continuar con la ejecución del convenio teniendo en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido en la ejecución y los costos que conlleve.

También se resalta que si hay un incumplimiento de la provincia o municipio, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes para corregir la irregularidad y recuperar los fondos correspondientes, “pudiendo disolver el convenio por culpa de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor”. Además, se le notificará que evalúe adoptar las medidas que correspondan para “asumir la ejecución de la obra sin asistencia financiera por parte de entes del Sector Público Nacional”.

En cuanto a los convenios que se decidan rescindir, deberán notificar a la provincia o municipio correspondiente. Sin embargo, los que establezcan continuar lo harán bajo el “Plan Argentina Hace”, pero tendrán que concluirse en el plazo máximo de 120 días. De todos modos, se aclaró que la Secretaría de Obras Públicas puede prorrogar el período. Una vez transcurridos seis meses posteriores al cumplimiento de los 120 días, quedará sin efecto el programa.

En el caso de que la Secretaría decida que las provincias o municipios devuelvan presupuesto destinado a obras que no fueron concluidas, el monto deberá actualizarse conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (BNA) vigente al día del dictado de la rescisión.