El Gobierno iniciará esta semana el tratamiento legislativo de una serie de reformas penales en ambas cámaras del Congreso. Se trata de un proyecto acotado que funcionará como instancia previa a la reforma integral del Código Penal de la Nación. 

Esta iniciativa busca tipificar delitos que carecen de una denominación específica en la normativa actual y endurecer las condenas para conductas reincidentes. 

Tras el recambio en el Ministerio de Justicia, ahora bajo la gestión de Juan Bautista Mahiques, se postergó el proyecto de reforma integral de 920 artículos -elaborado por una comisión de trabajo- para dar lugar a este documento más sintético que aborda cambios considerados urgentes por el Gobierno.

Uno de los ejes del proyecto es la incorporación del criterio de interpretación "pro-víctima" que obliga a los magistrados a emitir fallos que prioricen a quien sufrió el ilícito. Según explican los impulsores de la norma, "la participación de la víctima pasa de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba, que requiere de su consentimiento". 

En el ámbito de los delitos migratorios, el proyecto integra al Código Penal figuras que antes solo se encontraban en la Ley de Migraciones. Se establecen penas de uno a veinte años de prisión para el tráfico ilegal y el fraude migratorio. 

Asimismo, se crean tipos penales específicos para sancionar el ingreso y la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros, con agravantes en contextos de violencia o abuso de necesidad. 

El Ministerio de Justicia prevé castigos más severos para la reincidencia de extranjeros que hayan sido deportados y regresen al territorio nacional. 

También se contempla la penalización de asociaciones ilícitas dedicadas al tráfico de personas, el soborno a funcionarios del área migratoria y el tráfico con fines de trata de personas, elevando las escalas de punibilidad actuales. 

Reforma penal: se incluyen delitos realizados a partir de entraderas, por motochorros y viudas negras

Además, la reforma apunta a las estafas piramidales y propone elevar las penas a un rango de tres a doce años de prisión. Esta condena se agrava en los casos donde el damnificado sufra la pérdida total o parcial del capital invertido, tipificando esta modalidad de fraude financiero de manera independiente. 

Respecto a los delitos contra la propiedad, se tipifica por primera vez la modalidad de "viuda negra" bajo la figura de robo agravado. Las condenas previstas alcanzan los doce años de prisión para quienes suministren sustancias a la víctima, ya sea mediante engaño o fuerza, con el objetivo de consumar el robo de bienes. 

El proyecto también incluye términos legales para las "salideras" y "entraderas", con penas de tres a doce años. Se aplicarán agravantes cuando los hechos ocurran en el acceso o egreso de viviendas, instituciones bancarias o escribanías. 

En la misma línea, se introduce la figura del "motochorro", con penas de dos a ocho años de prisión e inhabilitación para conducir por un periodo de hasta dieciséis años. 

Por otro lado, dentro del sistema penitenciario, se crea un delito específico para la tenencia de armas en cárceles, con sanciones de dos a seis años. La normativa contempla agravantes para aquellos funcionarios que faciliten el ingreso de estos elementos y amplía el catálogo de objetos prohibidos dentro de los establecimientos de detención. 

En relación a la seguridad vial, el Ejecutivo propone aumentar las penas por la organización y participación en carreras clandestinas o "picadas". El mínimo de la escala se fija en un año y el máximo en seis años, duplicando el tiempo de inhabilitación para conducir. 

En situaciones donde se produzca un homicidio durante estas competencias, la pena puede llegar a los ocho años. 

La protección de los derechos de los animales también implicará cambios normativos con la derogación de la actual Ley de Maltrato Animal. Se incorporará un título en el Código Penal sobre crueldad, estableciendo penas de seis meses a tres años de prisión, las cuales se agravarán en casos de lesiones graves o muerte del animal. 

Por último, la propuesta del Gobierno endurece las sanciones por delitos contra la integridad de menores. El grooming y el abuso sexual infantil tendrán castigos de hasta quince años en casos agravados. Se establece una protección especial para menores de trece años y personas con discapacidad, elevando las escalas para la producción, distribución o tenencia de material de explotación sexual infantil.