La Cámara Federal de Casación confirmó de manera definitiva la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. 

El dato central del fallo radica en que la Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario de las defensas, dejando firme el avance del decomiso económico en el marco de la causa por corrupción vial.

Aunque la exmandataria mantiene la posibilidad de recurrir al Máximo Tribunal mediante un recurso directo de queja, esta vía legal no suspende la ejecución inmediata de los activos afectados.

Los fundamentos de la mayoría del tribunal

Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña conformaron el voto mayoritario que bloqueó el acceso a la instancia superior. 

En su argumentación, Hornos sostuvo que los planteos de los abogados defensores remitían a cuestiones de derecho común vinculadas al artículo 23 del Código Penal, sin demostrar una cuestión federal suficiente.

Con respecto al origen de los fondos, el camarista ratificó el criterio doctrinario sobre los ilícitos en la administración pública: "El delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida". 

Por su parte, Barroetaveña adhirió al señalar que las presentaciones solo reflejaban discrepancias con el criterio de la sentencia previa, descartando la existencia de arbitrariedad jurídica.

La disidencia parcial de Mariano Borinsky

El juez Mariano Borinsky coincidió en rechazar la presentación de la expresidenta, pero planteó una postura diferente respecto a los recursos del empresario Lázaro Báez y de los hijos de la exjefa de Estado. 

El magistrado consideró que correspondía habilitar de forma parcial la revisión de la Corte Suprema sobre determinados activos específicos.

Su observación técnica se enfocó en los departamentos de la calle Mitre 535 y los lotes del complejo Los Sauces, además de propiedades de firmas ligadas a Báez. 

Según advirtió el juez, dichas unidades fueron adquiridas antes del 23 de abril de 2004, fecha límite fijada por el tribunal para evaluar los patrimonios decomisables, por lo que entendió que la medida afectaba el principio de legalidad y el derecho de propiedad.