La diputada nacional Roxana Monzón presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley denominado Régimen de Desendeudamiento y Alivio Fiscal para MiPyMEs. 

La propuesta de la legisladora de Unión por la Patria contempla la suspensión automática de las ejecuciones judiciales y los embargos dictados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estableciendo además planes de facilidades de pago de hasta 60 cuotas mensuales con quita total de intereses punitorios y créditos productivos subsidiados.

Respuestas del Poder Legislativo ante reclamos sectoriales

La presentación de la normativa fue impulsada en respuesta a las gestiones que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) realizaron formalmente ante el Poder Ejecutivo Nacional durante las últimas semanas, sin obtener resoluciones extensivas para todo el universo corporativo. 

El texto legislativo fue girado de forma inmediata a la Comisión de Industria del cuerpo legislativo para comenzar con el debate técnico de sus articulados.

Al fundamentar los motivos del tratamiento institucional de la emergencia, la diputada por la Provincia de Buenos Aires apuntó contra la falta de medidas específicas por parte del Palacio de Hacienda: "La UIA, la Cámara de Comercio, los contadores y los empresarios de todos los sectores le piden al Ejecutivo que frene los embargos y habilite planes de pago. El Gobierno no responde. Entonces el Congreso actúa. Ese es nuestro rol: darle al sector productivo lo que el Ejecutivo les niega".

El impacto de la crisis en el entramado productivo

De acuerdo con las estadísticas recopiladas en el proyecto, provistas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde diciembre de 2023 se produjo el cierre de más de 25.000 empresas en todo el territorio nacional. 

Los datos oficiales del INDEC adjuntos al expediente reflejan que la utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera general cayó al 53,6%, registrando pisos históricos en la actividad textil y en el sector automotriz.

Frente a este escenario de contracción de la actividad y acumulación de deudas impositivas, la parlamentaria alertó sobre el impacto de las medidas coactivas de recaudación y defendió la necesidad de sancionar herramientas de asistencia financiera que protejan los puestos de trabajo del sector privado: "Embargos de ARCA mientras dure el proceso. Porque embargarle la cuenta a una PyME en crisis no es recaudar: es ejecutar una sentencia de muerte. La oposición tiene propuestas concretas. Este gobierno solo tiene el ajuste".