El caso Adorni dejó al oficialismo expuesto durante días. La interpelación que el Gobierno logró evitar -gracias a la reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada- fue una señal de alerta. La respuesta de La Libertad Avanza fue táctica: inundar el Congreso de proyectos, activar aliados territoriales y fijar una sesión en el Senado para el 4 de junio como señal de orden político. No se trata de aprobar todo. Se trata de controlar el tablero.

La mesa política del martes en Balcarce 50 -donde Santiago Caputo y Martín Menem volvieron a verse cara a cara después de las tensiones internas- estuvo concentrada, según el Ejecutivo, en el "status legislativo" de las reformas enviadas al Congreso. En esa reunión se trazó la hoja de ruta para las próximas semanas: el Súper RIGI, la ley de lobby, la derogación del etiquetado frontal y la ley de ludopatía como proyectos de bandera, más los pliegos judiciales y el acuerdo con los holdouts del default de 2001 para la sesión del Senado.

El Mundial como horizonte: acumular para controlar

La lógica oficialista no es parlamentaria en sentido estricto: es temporal. La Libertad Avanza reconoció abiertamente que no tiene apuro en llevar los proyectos al recinto y que solo irá a votar cuando tenga los números asegurados. El objetivo es otro: mantener la agenda pública ocupada con iniciativas propias hasta que comience el Mundial de Fútbol, momento en que tanto oficialistas como opositores coinciden en que la atención pública se alejará de la política.

En ese marco, la acumulación de proyectos funciona como escudo y como señal al mismo tiempo. El Súper RIGI -un régimen para inversiones superiores a US$1.000 millones en industrias del futuro como baterías de litio, autos eléctricos y energía solar- es la apuesta económica más ambiciosa de la tanda. La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Estado con registración pública y sanciones penales. La reforma del etiquetado frontal propone eliminar los octógonos negros de los envases. Y la nueva ley de ludopatía busca regular las apuestas online, aunque con un criterio más laxo que la media sanción que Diputados había aprobado a fines de 2024.

La distribución de las comisiones que analizarán estos proyectos no es casual: el Gobierno se aseguró que pasen por instancias controladas por libertarios o aliados cercanos, lo que le garantiza manejar los tiempos del debate sin sobresaltos.

Los gobernadores, el verdadero poder detrás de la agenda

Detrás de cada victoria legislativa del oficialismo hay una negociación territorial. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras y depende de una red de alianzas que combina al PRO, sectores de la UCR y, sobre todo, bloques provinciales cuyo hilo conductor son los gobernadores dialoguistas, en especial del Norte del país. Esa arquitectura ya le dio al Gobierno los votos para aprobar Zonas Frías, la Ley Hojarasca, la reforma de Glaciares y la reforma laboral.

En Balcarce 50 mencionan entendimientos puntuales con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Alfredo Cornejo en Mendoza, Leandro Zdero en Chaco y Claudio Poggi en San Luis, y no descartan extender esa lógica a otros distritos. La negociación, además, tiene una segunda dimensión: el armado electoral de cara a 2027. El Ejecutivo busca consolidar acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios para "blindar la gestión" antes de entrar de lleno en el año electoral.

Esa dependencia de los gobernadores, sin embargo, también marca los límites del esquema. La reforma electoral -que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el sistema de votación y en el financiamiento de los partidos- es la discusión que la propia Casa Rosada reconoce como la más compleja. El PRO y sectores de la UCR rechazan la eliminación de las primarias, y el Gobierno admite que no tiene los votos para aprobarla sin concesiones de fondo. La reforma del Código Penal, por su parte, sigue trabada en Legal y Técnica por diferencias entre los equipos de Santiago Caputo y Juan Bautista Mahiques, y por ahora no tiene fecha en ninguna agenda.

El calendario tiene además un límite institucional inamovible: en septiembre, el Gobierno deberá remitir el Presupuesto 2027. Hasta entonces, la estrategia es clara: mostrar movimiento, sostener alianzas y evitar derrotas. Aprobar, en la medida de lo posible.