Los costos de los alquileres parecen subir por ascensor, más que por la escalera, según consideran los mismos inquilinos, quienes, por lo tanto, reconocen serias dificultades para poder afrontarlos. Emplean casi la totalidad de sus ingresos en cumplir con el pago del arrendamiento, sin la garantía de seguir haciéndolo en un futuro, muy cercano, producto de los incrementos en plazos muy remotos. Incluso asoma un clima de tensión ante la amenaza latente de permanecer en los inmuebles, sin realizar el pago correspondiente al propietario. Un estado de situación que, quienes alquilan, aseguran que es apremiante y se lo adjudican a la nueva normativa que rige los acuerdos inmobiliarios. No obstante, los locatarios aseguran que dicha legislación agiliza y facilita los contratos entre las partes.

Bárbara Durán, referente de "Propietarios Agrupados", remarcó que "anteriormente los inquilinos se enfrentaban a una oferta prácticamente nula y a largas listas de espera, pero durante este año esa oferta creció en más de un 200%". Al mismo tiempo, Durán argumentó: "La desregulación favoreció mas que nada a los acuerdos de partes, ya que los inquilinos hoy en día tienen poder de negociación, pueden pedir rebajas o ajustar las cláusulas de los contratos. Por ejemplo, si el dueño estipula un aumento cada cuatro meses y por IPC (Índice de Precios al Consumidor), hay inquilinos que proponen subas semestrales e IPC, o rebajar el valor inicial de la renta del inmueble, y aceptar las formas de aumento".

Pero en contraposición, Gervasio Muñoz, de "Inquilinos Agrupados", afirmó: "El DNU 70/2023 desreguló por completo los alquileres en Argentina, que es el único país sin regulación, mientras el resto del mundo regula cada vez más el acceso a la vivienda en alquiler. Acá se hace todo lo contrario, y el beneficiado es el Mercado Inmobiliario".

Esta mirada está evidenciada por un relevamiento de la mencionada comunidad inquilina, realizado este mes, alcanzando a 2550 personas que alquilan, y cuyos resultados "son preocupantes", según Muñoz. En dicho registro, 1 de cada 4 inquilinos reconoció que fue desalojado por no poder abonar el alquiler, como asimismo aquellos que todavía están en condiciones de afrontarlo, reflejaron que el costo del arrendamiento implica el 49,8 % de sus ingresos. No obstante, y en relación a este último aspecto, el 64,6 % de los encuestados confesó cargar con deudas, siendo las más frecuentes aquellas generados en el marco del alquiler, o por alimentos, o con tarjetas de crédito.

Pero dicho estudio también desarrolló una comparativa entre la derogada Ley de Alquileres, y la reglamentación del DNU en vigencia. El mismo da cuenta que los contratos rubricados bajo la reglamentación actual comprenden valores que son superiores en un 35% o más, en relación a los sellados dentro de la Ley de Alquileres, y en algunas provincias como Santa Fe, incluso, la diferencia es mayor al 40%. Un incremento que tiene lugar entre 3 y 4 meses para 7 de los 10 relevados.

Por su parte, los inquilinos que firmaron un contrato bajo la Ley de Alquileres, deberán enfrentarse a un aumento del 238% en octubre, aproximadamente. Esta fórmula aplica únicamente a los alquileres iniciados entre el 1° de julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023. En cuanto a la extensión de los alquileres, solo un 7,2 % de los casos es a 3 años, en tanto que un 59,9 % renta una vivienda en períodos que se extienden entre 1 y 2 años. Una serie de indicadores que fundamentan la preocupación del 80% de los inquilinos que formaron parte del registro, por el cual desde "Inquilinos Agrupados" vislumbran un horizonte poco alentador y alarmante.