Distintas ciudades del país serán mañana escenario de una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM). Este año, la comunidad cannábica organizada convoca bajo una consigna clara y urgente: Por una nueva ley de drogas con perspectiva de derechos humanos. ¡Basta de personas presas por marihuana!.

La movilización nuclea a usuarios, cultivadores, organizaciones sociales, cuidadores, activistas de diversos sectores sociales, profesionales de la salud, pueblos originarios, estudiantes, trabajadores, jubilados y personas usuarias terapéuticas. Todas unidas por un reclamo común: el fin de la criminalización del uso, la tenencia y el cultivo de cannabis.

A más de 35 años de la Ley 23.737: es tiempo de cambiar. En Argentina, la Ley de Drogas 23.737 sigue encarcelando, estigmatizando y empujando a la clandestinidad a miles de personas. Su aplicación golpea con especial crudeza a los sectores populares, racializados y feminizados. Mientras el mundo avanza hacia modelos de regulación legal, basados en derechos humanos, salud pública y justicia social, nuestro país insiste en un paradigma punitivo sin sustento ni resultados.

¿Quiénes son las víctimas de esta ley?

Cultivadores, jóvenes de barrios populares, sometidos a detenciones arbitrarias, requisas violentas y causas por tenencia mínima; mujeres cultivadoras, perseguidas por ejercer tareas de cuidado para sus hijos, familias y comunidades; usuarios terapéuticos, que aún con la existencia de la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 27.350), enfrentan trabas burocráticas, criminalización y riesgo de encarcelamiento; comunidades indígenas y rurales, judicializadas por prácticas culturales y espirituales con plantas sagradas; personas trans, no binaries y disidencias, blanco frecuente de violencia institucional, incluso cuando usan cannabis como herramienta de salud o sustento; mujeres privadas de libertad, muchas jefas de hogar, detenidas por delitos menores relacionados al consumo o al microtráfico; y personas usuarias de psicofármacos, que encuentran en el cannabis una alternativa menos tóxica, pero son castigadas por elegir cómo cuidar su salud.

Argentina cuenta con dos leyes de cannabis, impulsadas por la militancia y un mercado que no para de crecer: la Ley de Cannabis Medicinal (27.350) y la Ley de Cannabis y Cáñamo Industrial (27.669). Sin embargo, las resoluciones restrictivas impuestas por el gobierno nacional en Reprocann, INASE y Ariccame detienen el desarrollo de derechos y de la industria. Mientras algunas provincias y ciudades impulsaron sus propias normativas, algunas escuchando las necesidades de la comunidad cannábica y otras dándoles la espalda, la criminalización persiste y miles de personas siguen siendo perseguidas por cultivar, usar o cuidar con cannabis.

En ámbitos laborales, educativos y sanitarios, el consumo de cannabis aún se utiliza como criterio de exclusión. Se despide, se niega ingreso, se obstaculiza el acceso a tratamientos médicos. Esto ocurre incluso cuando la evidencia científica ya demostró que el cannabis es una herramienta terapéutica segura y eficaz.

Las organizaciones convocantes exigen: Nueva ley de drogas integral, basada en derechos humanos, salud pública, perspectiva de género y justicia social. Basta de personas presas por marihuana. Amnistía general y reparación histórica para todas las personas criminalizadas por marihuana. Retroactividad de la Ley 27.350, sobreseimiento y cancelación de antecedentes penales y reparación económica para las víctimas del prohibicionismo. Regulación federal, cooperativa y comunitaria del cannabis. Reconocimiento del trabajo digno del sector del cannabis. Acceso gratuito a estrategias de reducción de riesgos y daños. Basta de violencia institucional a quienes plantamos identidad. Capacitación obligatoria y con perspectiva de derechos humanos para todas las fuerzas de seguridad, el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Producción y difusión pública de información científica, empírica y culturalmente situada sobre todas las sustancias. Una marcha, muchas voces

La Marcha Mundial de la Marihuana 2025 es una expresión federal, transversal y colectiva. Marchamos por los derechos de todas las personas que usan cannabis, pero también convocamos a quienes han sido víctimas de la Ley 23.737 por elegir otras plantas, prácticas o formas de cuidado.