Los conductores de bicicletas y motos de las empresas de mensajeria rápida deberán, en un plazo de 60 días, circular con casco reglamentario e indumentaria con bandas reflectivas y apropiada para días de lluvia y época invernal; mientras que, en caso de transporte de alimentos, poseer libreta sanitaria, según resolvió este viernes la justicia porteña. 

Asimismo, se hizo saber a las empresas Rappi S.A.S., Kadabra S.A.S. (Glovo), y a todas las que desarrollan actividades homólogas a través de plataformas virtuales, que dentro del plazo de 10 días deberán solicitar la inscripción y la habilitación correspondiente para operar. 

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, instó además a la Ciudad a cumplir con los requisitos mínimos estipulados en el Código de Tránsito y Transporte así como instrumentar cursos de capacitación para los conductores de motovehículos y ciclorodados destinados al servicio de mensajería urbana y entrega de sustancias alimenticias a domicilio. 

Vencido el plazo de 60 días, las autoridades deberán "clausurar y/o inhabilitar de oficio a toda empresa que no se hallare debidamente registrada en el Registro único de Transporte en Motovehículo y/o Ciclorodados (Rutramyc) y cumpliendo todos y cada uno de los términos de la ley 5526".

Sobre la seguridad de los conductores, el presidente de la Sala I, Carlos Balbín relató que según información oficial aportada por el Ministerio de Salud, en el lapso de un mes y sólo en relación con la intervención de los hospitales públicos de la Ciudad, se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería y reparto a domicilio.

Balbín recordó que transcurrieron tres años desde la sanción de la ley 5526, de modo que el gobierno porteño "contó con tiempo más que suficiente para arbitrar las medidas necesarias para su implementación. En consecuencia es una norma vigente y operativa que debe ser cumplida", acotó. 

El camarista aseguró que el objetivo de la medida "es establecer el régimen laboral de los conductores: se pretende brindar protección y seguridad a los trabajadores, luchando por evitar situaciones de empleo no registrado".

El titular del Juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, fue quien sentenció en abril último en primera instancia, a que el Gobierno de la Ciudad prohíba la actividad de las empresas de delivery Rappi, Glovo y Pedidos, en todo el territorio porteño, hasta tantos sus repartidores cumplan con las medidas de seguridad exigidas por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.

La medida también preveía que sea el Ejecutivo porteño quien "subsidie" a los repartidores durante todo el tiempo que estén impedidos de prestar servicios. 

Mediante un relevamiento que, a pedido del juzgado, llevó a cabo la Policía de la Ciudad, se comprobó que de más de 400 repartidores en bicicleta, el 77% circulaba con el portaobjetos cargado en la espalda, el 70% desempeñaba tareas sin seguro alguno y el 67% circulaba sin casco. 

A partir de la polémica llegada de Uber, fueron numerosas las empresas que desembarcaron en la Ciudad de Buenos Aires para ofrecer servicios brindados por trabajadores "independientes". 

Los repartidores denunciaron públicamente que, por la falta de regulación, son "sometidos a condiciones laborales precarias y a presiones de parte de los representantes de la empresa". 

Al reclutar a un mensajero, las empresas les dejan en claro que ellos mismos son "sus propios jefes", pero al regular continuamente las reglas de trabajo sin una jornada establecida, sueldo ni cobertura de riesgos y, además, adjudicando sanciones a quienes no quieran realizar un envío, dejan la puerta abierta a un escenario de precarización laboral de trabajadores en relación de dependencia.

Según estimaciones, son más de 10 mil los mensajeros registrados en las plataformas de delivery.