Por Matías Resano 
mresano@cronica.com.ar 

"Mi hijo no puede seguir así pero nadie hace nada, y está cada vez peor" reflejó con profunda angustia Sandra, cuyo hijo sufre de una grave afección mental, y al mismo tiempo es adicto a las drogas. Por estas patologías, el comportamiento del joven es violento no sólo para su entorno, sino también para sí, razón por la cual los especialistas que lo asisten recomiendan que realice un tratamiento psiquiátrico.

Sin embargo, la legislación vigente establece que sólo el propio paciente solicita su internación. La progenitora insiste con que su hijo no está en condiciones para tomar semejante decisión. Un cuadro de esquizofrenia paranoide finalmente le detectaron las autoridades médicas a Gabriel, de 22, en los últimos años de su infancia.

Era muy pequeño cuando comenzó a manifestar dificultades de interacción con el resto de los niños, "por eso fue derivado a psicológos y psicopedagogos", señaló su mamá, Sandra Lorenzo. No obstante, debieron pasar muchos años para que se hallara el real causal de su comportamiento.

Por si fuera poco, durante su adolescencia, sus dos hermanos mayores fueron víctimas de dos hechos delictivos, en diferentes circunstancias. Sandra remarcó que "eso lo afectó aún más y como no quería tomar la medicación psiquiátrica que le ordenaron los médicos, recurrió a las drogas para soportar ese dolor".

A partir de entonces, comenzó un complejo periplo por especialistas y centros de rehabilitación, pero en cada ocasión el joven abandonaba el tratamiento. En consecuencia, su estado se agravó aún más, llegando al extremo de estar preso ocho meses en el penal de Melchor Romero por robo, y prendiendo fuego su casa, de la localidad de Bernal.

No obstante, los representantes de los juzgados de turno y del Juzgado de Familia N° 3 de Quilmes, a los cuales acudió Sandra, no avanzaron ante su pedido de ordenar una internación por la vía judicial. En tanto, los psicólogos y psiquiatras que lo asistieron volvieron a ratificar que Gabriel es peligroso para sí mismo y para terceros, por lo tanto su madre retornará a la dependencia judicial en los primeros días de febrero, luego de la feria.

Desde la Fundación "Programa Yo Pude", su director Mariano Borrelli detalló a Crónica que "la ley de salud mental evitó que las comunidades sigan siendo depósitos de adictos dejados por sus familias, pero a la vez hay falta de supervisión, porque cada centro debe notificar en un juzgado el caso de cada interno para que un fiscal siga de cerca su internación. Pero suele pasar que no se haga ese trámite".

Borrelli dejo en claro que "hay casos como el de Gabriel que ya no pueden decidir por sí mismos y entonces ahí falta el sentido común". Una situación que da cuenta de la urgente intervención de la justicia que requieren Gabriel y su madre para reconstruir sus vidas.