Protestas en Perú: manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte
Bajo el nombre "Tercera Toma de Lima", organizaciones sociales de distintos puntos del país arribaron a la ciudad de Lima, donde exigirán nuevas elecciones y el reclamo por la responsabilidad por los muertos durante las últimas manifestaciones.
En el marco de un pedido de renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y de los integrantes del Congreso, distintas organizaciones sociales arribaron a la ciudad de Lima para continuar con la postura de protesta y exigir el llamado a nuevas elecciones.
La tensión social, que se dispersó a varias ciudades del país, ahora se intensificó en la capital peruana, con disturbios que se desarrollaron en el departamento Huancavelica, con incendios en la puerta de la sede de la Prefectura local y enfrentamientos de manifestantes con policías que usaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
La Defensoría del Pueblo rechazó las violentas protestas y desde su cuenta personal de Twitter exigieron "un llamado a la calma a la ciudadanía, la violencia sólo deslegitima el derecho a la protesta".
La oleada que recibe el nombre "Tercera Toma de Lima" hace alusión a dos acontecimientos violentos ocurridos en enero y febrero de este año, bajo la misma denominación. Sin embargo, en el sur del país —puntualmente en regiones como Puno y Arequipa—, por el momento no se registraron incidencias.
Los medios regionales resaltaron, hasta el momento, la poca presencia policial en las calles y avenidas pese a la venidera jornada de protesta, con patrulleros ubicados en habituales puntos de encuentro para las manifestaciones.
Por el momento, en las plazas neurálgicas Dos de Mayo y San Martín, como así en el Paseo de los Héroes Navales, sólo se verificó la presencia de un contingente policial con efectivos motorizados, mientras que la Plaza Bolognesi continuaba rodeada por vallas de la Municipalidad limeña, donde se realizaban trabajos de reparación y mantenimiento desde hace varios días.
En tanto, el diario peruano El Comercio reportó la toma de la Universidad Nacional de Huancavelica de parte de los estudiantes, como medida de protesta contra el Gobierno y el Congreso.
Protestas en Perú: siete rutas están bloqueadas
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), detalló que unas siete rutas en Perú permanecen bloqueadas por las protestas y hasta algunas personas acamparán allí. El organismo detalló que las vías bloqueadas se encuentran en los departamentos de Lima, en el centro del país; Loreto y La Libertad, en el norte; y en las sureñas Ayacucho y Huancavelica.
En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó en un comunicado que sólo podrán entrar a los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca aquellas personas que presenten su ticket de embarque y documento de identidad (DNI).
Conflicto en Perú. ¿A qué se deben las protestas?
Desde el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte le pidió a la población que las manifestaciones se lleven adelante de manera pacífica, "sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país".
Vale destacar que las protestas se dan en el marco de las decenas de personas fallecidas durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, a lo que los asistentes exigen las condenas a los responsables de las muertes.
En ese marco, hubo 49 muertos directamente vinculadas por las protestas, la gran mayoría en manos de las fuerzas de seguridad, en el contexto de operativos represivos por los que el Gobierno fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
El gobierno dispuso para la "Tercera Toma de Lima" con un aproximado de 24.000 policías para monitorear las marchas y controlar a los manifestantes que llegaron a la ciudad capital, quienes exigirán el llamado a nuevas elecciones.
Sin embargo, las organizaciones sociales interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta. Allí sostienen que las autoridades criminalizaron las manifestaciones y violaron derechos humanos, y que las mismas fuerzas de seguridad presentan un comportamiento arbitrario.

