MUERTE DIGNA

Uruguay: avanza el proyecto para legalizar la eutanasia

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes y pasó al Senado. Establece un marco legal para acceder a la muerte asistida en casos de enfermedades terminales o padecimientos insoportables.

Avanza en Uruguay el proyecto de “Muerte digna”, que apunta a legalizar la eutanasia. La Cámara de Representantes le dio media sanción a la iniciativa que ahora quedó en condiciones de ser tratada en el Senado.

En una extensa sesión que se llevó a cabo el martes, 64 diputados estuvieron a favor del proyecto, mientras que otros 29 votaron en contra.

FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA MUERTE DIGNA.  

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“Muerte digna”: qué establece el proyecto que obtuvo media sanción en Uruguay

La iniciativa establece un marco legal para regular y garantizar “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”.

El texto detalla que la medida busca ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. Podrán acceder al procedimiento las personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o sufran dolores que resulten insoportables.

Asimismo, el proyecto remarca que la solicitud deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud, en tanto que limita el acceso a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.
La iniciativa fue impulsada por el Frente Amplio y respaldada por sectores de la oposición. Para que se convierta en ley, debe ser ratificada por el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría.

 

En caso de que sea aprobada en Senadores y luego promulgada por el Ejecutivo, Uruguay se convertirá en el tercer país americano en legalizar la eutanasia tras Canadá y Colombia.

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, en tanto en Canadá se legalizó en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.

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