Bolivia habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas masivas
Con el voto favorable de más de dos tercios de la Cámara de Diputados, se anuló la ley que limitaba los estados de excepción en medio de la ola de reclamos y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En medio del caos y las protestas masivas, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una ley que elimina de forma definitiva las restricciones legales para el despliegue militar en operativos de seguridad interior.
La histórica votación parlamentaria se llevó a cabo bajo modalidad virtual, ante la violencia que impidió el traslado físico de numerosos legisladores hacia la sede del Congreso en La Paz. La reforma deja sin efecto una normativa de control civil dictada hace más de un lustro.
La nueva norma legislativa derogó la Ley 1.341, popularmente denominada "Ley Copa", un estatuto de regulaciones estrictas vigente desde octubre de 2020. El propósito original de aquella ley era impedir el uso discrecional del aparato militar contra movilizaciones civiles y limitar las atribuciones presidenciales.
Con esta sorpresiva anulación parlamentaria, el texto modificado fue remitido de forma directa al Poder Ejecutivo para su firma y promulgación oficial. El cambio en la legislación de fondo representa un recurso estratégico crucial para la administración de Rodrigo Paz, quien asumió la jefatura de Estado a finales del año pasado.
La eliminación de estas trabas legales despeja jurídicamente el camino para que el presidente pueda dictar un estado de excepción de alcance nacional o regional. De esta manera, el gobierno adquiere la facultad de movilizar contingentes castrenses en zonas urbanas y rutas clave.
Los legisladores oficialistas que fundamentaron el proyecto argumentaron que una mayor presencia militar es fundamental para normalizar la cadena de distribución básica. El recrudecimiento de la crisis ha generado un agudo desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, combustibles líquidos e insumos médicos esenciales. Las complicaciones logísticas golpean críticamente a las aglomeraciones urbanas de La Paz, El Alto y Oruro.
La decisión del Congreso se da un clima de máxima tensión
La determinación del Congreso se produce en un escenario volátil, con Bolivia ingresando formalmente en su cuarta semana consecutiva de protestas ininterrumpidas. El bloque de manifestaciones está encabezado por gremios asociados a la influyente Central Obrera Boliviana (COB).
Las columnas de manifestantes nuclean además a colectivos de trabajadores mineros, sindicatos de campesinos, comunidades indígenas, trabajadores fabriles y asambleas de juntas vecinales. El clímax de la jornada de lucha social del martes se tradujo en más de 150 puntos de bloqueo distribuidos en rutas de todo el mapa nacional.
Los diferentes sectores movilizados mantienen unificado su reclamo principal, enfocado en exigir la renuncia inmediata del mandatario ante la devaluación económica y el costo de vida. La inminente promulgación de la ley abre un capítulo de absoluta incertidumbre respecto al manejo institucional de la protesta social.
