Organizaciones de trabajadores agrícolas, mineros y obreros bolivianos se volcaron a las calles de la ciudad de La Paz por quinta jornada consecutiva para reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. 

Mientras el desabastecimiento de alimentos y combustibles paraliza la capital, el Gobierno tramita una reforma legislativa para otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo nacional. 

Agrupaciones de trabajadores protagonizaron violentos enfrentamientos contra la Policía y el Ejército en las principales calles del centro de La Paz, profundizando el conflicto en Bolivia. 

Se reportaron incidentes en el perímetro delimitado por la calle Ayacucho, la avenida Camacho y el Paseo del Prado. 

Durante las protestas, las columnas de manifestantes exigieron de la renuncia del Presidente y su gabinete. 

Efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos, dispositivos de estruendo, carros hidrantes y vehículos blindados para intentar recuperar el control de la vía pública en las zonas afectadas. 

Por su parte, los manifestantes respondieron lanzando piedras y proyectiles, y colocaron barricadas para impedir el despliegue y avance del personal policial. 

Durante los disturbios, hubo intentos reiterados por parte de las columnas de manifestantes para avanzar en dirección a la Plaza Murillo y a las dependencias del Palacio Quemado, sede del Gobierno.

En medio de los incidentes, trabajadores de prensa sufrieron lesiones y traumatismos, derivados de los impactos de objetos arrojados en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos. 

En tanto, la obstrucción de las rutas nacionales complicó el despliegue de corredores humanitarios que se habían lanzado para posibilitar el ingreso seguro de insumos de primera necesidad a los principales pueblos y ciudades. 

Ante estos bloqueos, la ciudad de La Paz registra un desabastecimiento de alimentos y combustibles, lo que derivó en la paralización de actividades desde hace casi un mes. 

Los focos de tensión se replicaron en la zona de El Alto, donde grupos organizados provocaron daños en varias dependencias del Ministerio de Obras Públicas. 

En paralelo, el Senado analiza una enmienda regulatoria sobre la legislación que rige el estado de excepción, con la finalidad de facultar al Presidente a dictar el estado de sitio, eliminando la exigencia previa de autorización parlamentaria. 

El mandatario busca desactivar las medidas de fuerza que mantienen paralizado al país y ratificó la decisión de aplicar la normativa constitucional vigente para restablecer el orden interno, asegurando que recurrirá a los mecanismos legales para intervenir en el conflicto. 

"El Estado de excepción podrá ayudar a restaurar la concordia en Bolivia", manifestó el Presidente. 

El proyecto reinstaura competencias de seguridad eliminadas durante las gestiones previas de los presidentes Evo Morales y Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). 

La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores y fue derivada a la Cámara de Diputados para su correspondiente revisión. 

En caso de consolidarse la reforma, las fuerzas armadas y policiales dispondrán del respaldo normativo para proceder al despeje total de las rutas del país.