El Congreso de Brasil rechazó este jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la ley que permite la reducción de penas para los involucrados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

La decisión del Poder Legislativo representa un fuerte impacto político que podría beneficiar directamente la situación judicial del exmandatario Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión.

Una mayoría abrumadora en el Parlamento

La votación reflejó una marcada distancia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

En el Senado, el veto fue rechazado por 49 votos contra 24, mientras que en la Cámara de Diputados la diferencia fue aún más amplia, con 318 legisladores a favor de revocar la decisión presidencial frente a 144 que la respaldaron.

Este resultado fue posible gracias a una alianza estratégica entre los sectores de la ultraderecha y bloques del centro, quienes ya habían impulsado la normativa original en diciembre pasado.

La ley busca suavizar las sanciones para quienes participaron en las movilizaciones y ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Consecuencias para Jair Bolsonaro

El punto central de la controversia radica en el alcance de la ley sobre las figuras de mayor jerarquía política.

Al quedar firme la reducción de penas, el marco jurídico de Jair Bolsonaro experimentaría un cambio favorable en el cómputo de su sentencia por su presunta responsabilidad en la instigación de los hechos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Lula da Silva por mantener la rigurosidad de las condenas bajo el argumento de la defensa de la democracia, el Parlamento brasileño ratificó una postura de flexibilización penal. 

La medida entrará en vigencia de forma inmediata, abriendo una nueva etapa de revisiones judiciales en el país vecino.