El pleno de la Knéset aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas encontradas culpables de asesinato terrorista. 

La medida, impulsada por el sector ultranacionalista del gobierno, fue validada con 62 votos a favor y 48 en contra, tras un extenso debate de 12 horas. 

Según reportaron medios como DW y el Jerusalem Post, la ley obliga a los tribunales militares a imponer esta sanción a los residentes de Cisjordania ocupada, mientras que mantiene la cadena perpetua como opción para los tribunales ordinarios.

Disuasión y posturas oficiales

El primer ministro Benjamín Netanyahu asistió al recinto y votó a favor de la iniciativa promovida por el partido de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional. 

Para los defensores de la ley, esta modificación representa un avance en la lucha contra la violencia extremista y un acto de reparación para los familiares de los fallecidos en ataques.

"Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte", afirmó Itamar Ben Gvir a través de un comunicado oficial tras conocerse el resultado de la votación.

Críticas por desigualdad jurídica

La oposición y diversas organizaciones de derechos humanos manifestaron su rechazo, argumentando que la ley consagra una justicia desigual. 

El diputado Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, fue uno de los críticos más vocales durante la sesión: "La ley es populista, inmoral, no igualitaria". Asimismo, la calificó de ser "claramente inconstitucional".

La controversia radica en que los ciudadanos israelíes son juzgados en tribunales civiles, donde la pena de muerte no será obligatoria, mientras que los palestinos de Cisjordania quedan bajo la jurisdicción de tribunales militares donde el ahorcamiento pasa a ser el castigo por defecto. 

Si bien existe una cláusula para ciudadanos israelíes que busquen "negar la existencia del Estado de Israel", especialistas señalan que la definición técnica excluye en la práctica a los extremistas judíos.

Alcance y retroactividad

Un dato clave de la nueva normativa es que no tendrá efectos retroactivos. 

Esto implica que no podrá ser aplicada a los autores de los ataques del 7 de octubre, para quienes se está tramitando un proyecto de ley por separado en el parlamento.

La ley establece que, si bien los jueces militares podrían optar por la cadena perpetua en "circunstancias especiales" -definidas de manera vaga en el texto-, la pena de muerte será mandatoria en la mayoría de los casos de asesinato por terrorismo. 

Esta decisión marca un cambio histórico en la política judicial de Israel, que no aplicaba la pena capital desde la ejecución de Adolf Eichmann en 1962.