La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, se expresó publicamente para pedir pedir perdón y manifestar su arrepentimiento, en medio de un drástico giro en su estrategia procesal.

La joven santiagueña de 29 años decidió cambiar de defensa, y ahora es representada por Carla Junqueira, la letrada brasileña lideró la querella de Thelma Fardin y alcanzó la condena de Juan Darthés en la justicia de de ese país. 

"Un error puede marcarte, pero también puede obligarte a reflexionar. Hoy quiero pedir disculpas públicamente por mi actitud. Me equivoqué, lo reconozco y estoy asumiendo las consecuencias. Este proceso ha sido duro, pero también un aprendizaje profundo para mí", señaló Páez por una publicación de Instagram.

La acusada es investigada por la Justicia de Río de Janeiro a raíz de un incidente ocurrido en un bar del barrio de Ipanema, donde habría manifestado gestos e insultos racistas contra el personal del local.

En las últimas horas, resolvió cambiar el rumbo de su defensa, en busca de insistir en su pedir el permiso de las autoridades brasiñelas para regresar a Argentina.

"Voy a cambiar completamente la estrategia. Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito", explicó la abogada brasileña.

La defensora sostuvo además que la joven atraviesa una situación personal delicada. "Está pagando un precio carísimo. No sale de la cama y está bajo terapia constante", afirmó. 

Según indicó, Páez perdió contratos laborales y su actividad como influencer, además de recibir amenazas que le generan temor de salir a la calle.

La argentina acusada de racismo tiene tobillera electrónica

Actualmente, la abogada permanece en Río de Janeiro con una tobillera electrónica y reside en una zona alejada del circuito turístico de la ciudad.

Su situación judicial se ve agravada por los cambios recientes en la legislación brasileña. Tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, lo que la convirtió en un delito imprescriptible con penas que van de dos a cinco años de prisión.

Aunque la causa tiene una audiencia prevista para el próximo 24 de marzo en el Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro, la defensa solicitó una reunión urgente con el juez y la fiscalía para presentar su nueva estrategia.

El objetivo es alcanzar un compromiso institucional que garantice a la Justicia brasileña que el proceso continuará en Argentina sin riesgo de impunidad.

Pese al arrepentimiento público de la acusada, la 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Río de Janeiro sostiene que el insulto fue dirigido a cuatro empleados del bar. En el documento fiscal se detalla que Páez habría llamado "mono" a una trabajadora del local y realizado gestos racistas incluso después de haber sido advertida de que ese comportamiento constituye un delito en Brasil.