Caso Gutiérrez: uno de los imputados, de 19 años, pidió ser juzgado como menor
Los abogados de Facundo Zaeta pidieron que, hasta que se inicie el juicio, cumpla prisión domiciliaria, siendo responsabilidad de los padres y estando a disposición del juzgado. Está acusado de participar del crimen del ex secretario de los Kirchner.
Uno de los implicados por la muerte del ex funcionario Fabián Gutiérrez, Facundo Zaeta pidió a la justicia santacruceña ser juzgado como menor y solicitó prisión domiciliaria, algo que será evaluado por el Tribunal de Río Gallegos.

Lo cierto, es que hasta el viernes que viene tendrán tiempo los abogados defensores en la causa por el homicidio de Gutiérrez para presentar las apelaciones al procesamiento que dio el juez de El Calafate, Carlos Narvarte.

Por lo pronto, sólo una de las defensas ha presentado el escrito: los abogados de Facundo y Agustín Zaeta, Carlos Telleldín y Carlos Muriete.
En tanto, la abogada de Pedro Monzón, la Dra. Carolina Scamperti, está trabajando en la apelación. Misma situación cursan los defensores de Gómez, los Dres. Tomás Rodríguez y Ricardo Camutti.
En la causa por el momento no surgieron novedades, más allá de que el juez encomendó a la Policía secuestrar un Volkswagen Gol propiedad de Gómez. En este automóvil, tanto él como su amigo y empleado, Monzón, se habrían estado movilizando el viernes 3 de julio, momentos antes de ir a la casa de Gutiérrez, en Perkic 124, en donde ya estaba Facundo Zaeta.

Narvarte espera por las pericias a los cinco teléfonos celulares que secuestraron, así como también las pruebas genéticas, entre otros trabajos que conllevan un tiempo considerable.
Mientras tanto, es el turno -como bien ya se marcó- de los abogados defensores, pero también de la querella, representada por los Dres. Sandro Levín y Gabriel Giordano.
Los abogados de la familia Gutiérrez apelaron la resolución del juez, marcando que los 300 mil pesos de embargo es muy poco dinero para una causa de homicidio y en desacuerdo con la falta de mérito dictada a Agustín Zaeta (hoy libre), quien ayudó a encubrir el crimen a su hermano y no es punible, “pero sí lo debe ser con respecto a los otros dos procesados”, dijo Levín a Ahora Calafate.
Además, la querella pedirá la declaración de dos nuevos testigos, que nunca han hablado hasta ahora en la causa. Estas personas aportarían a la hipótesis de que hubo más involucrados.
“Entendemos que después del crimen es altamente probable que haya habido participación de más personas en el ocultamiento”, dijo el abogado.
La Opinión Austral pudo conocer lo que pidieron los abogados de los hermanos Zaeta en el recurso de apelación.
Además de marcar las contradicciones entre las indagatorias de Monzón y Gómez, el escrito apunta hacia la falta de pruebas para acreditar la responsabilidad de cada uno de los procesados, señalando que el juez Narvarte “sólo ha considerado la versión de los otros imputados”, quienes poseen una relación previa.
Concretamente, se cuestiona que el magistrado no posee fundamentos concretos para sostener quién fue el autor del hecho, es decir, del homicidio. Para la instrucción, está claro que los tres procesados tuvieron participación en la golpiza a Gutiérrez y que Facundo Zaeta fue el autor, mientras los otros dos serían coautores de su asesinato.
Además, se pide el sobreseimiento de Agustín Zaeta, cuya declaración indagatoria es apoyada por un registro fílmico que no lo ubica en la escena del crimen.
También, por la edad de Facundo Zaeta (19), que no cuenta con antecedentes “y considerando el gravamen irreparable que le puede ocasionar estar privado de su libertad”, los abogados pidieron que hasta el juicio pueda estar en prisión domiciliaria, siendo responsabilidad de los padres y estando a disposición del juzgado.
De igual manera, piden declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad) y enviar la causa al fuero Penal Juvenil, considerando la edad de los imputados (Zaeta 19, Gómez 20 y Monzón 18), respaldándose en y dando como jurisprudencia la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fija la mayoría de edad en los 21 años.