La Cámara Federal porteña concedió al condenado genocida Miguel Etchecolatz la prisión domiciliaria, pero la medida no se hará efectiva porque tiene el beneficio rechazado en otras causas penales en La Plata y Lomas de Zamora.

El detenido de 91 años está alojado en el penal de Campo de Mayo. Fue condenado a reclusión perpetua por diversos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La decisión de otorgarle prisión domiciliaria fue tomada por el Tribunal Oral Federal 6, que tiene sede en Comodoro Py.

Los jueces autores del permiso basaron su resolución en "consideraciones eminentemente humanitarias", ante informes sobre el estado de salud de Etchecolatz, quien estuvo internado con coronavirus y ya está recuperado.

Entre los crímenes por los que Etchecolatz fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices, la apropiación de menores y la desaparición de Jorge Julio López.

"En los últimos meses ha sufrido un deterioro significativo en su integridad física", advirtieron los magistrados porteños y agregaron que, de concretarse la medida en el futuro, el represor formaría parte del "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica".

Además se le prohibiría salir del domicilio en el que cumpla con la condena, salvo para realizar visitas médicas con aviso al Tribunal.

En caso en que Etchecolatz consiga el beneficio en las demás causas penales, se "requerirá al Poder Ejecutivo Nacional, que adopte las medidas necesarias dentro de su competencia para preservar la integridad física del imputado, como de terceros, tanto en el domicilio que resida como durante los traslados que eventualmente deba realizar por razones de salud", según los jueces autores de la concesión.

"Queremos dejar sentado que somos absolutamente respetuosos de las posiciones de las víctimas y entendemos sus razones para oponerse a esta decisión", remarcaron en alusión a la negativa de los querellantes en las otras causas a las que está condenado Etchecolatz.

Sin embargo, justificaron, "no podemos soslayar que el deber que tenemos como jueces de la causa -de valorar de manera imparcial la situación personal del imputado a la luz de los informes médicos actualizados y lo que sobre la temática establecen las normas jurídico-penales del derecho internacional e interno-, nos coloca en la obligación de resolver en el sentido que lo haremos y sin perjuicio de la antipatía social que pueda generar esta medida".

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