La azafata de Aerolíneas Argentinas Daniela Carbone fue procesada con prisión preventiva por llevar a cabo una falsa amenaza de bomba sobre un avión con destino a Miami. El juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, dictó la medida pero le otorgó arresto domiciliario.

La mujer de 47 años enfrenta una causa por intimidación pública, entorpecimiento del transporte aéreo y coacción agravada. Además, le suspendieron la matrícula profesional de tripulante de cabina y se le prohibió acercarse a cualquier aeropuerto.

A su vez, el juez federal Villena dispuso un embargo sobre los bienes de Carbone hasta cubrir la suma de 400 millones de pesos. También decidió el sobreseimiento de su hija, cuyo celular fue utilizado por la mujer para realizar las llamadas amenazantes que derivaron en la cancelación del vuelo.

Carbone seguirá detenida aunque recibió el beneficio de prisión domiciliaria y deberá utilizar una tobillera electrónica. Se la considera responsable por poner en riesgo la seguridad de un vuelo el 21 de mayo pasado con casi 300 pasajeros.

La prisión domiciliaria le fue concedida bajo cumplimiento de una serie de reglas de conducta que consisten en “la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, la obligación de presentarse ante todo llamado del Tribunal; la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa, la retención de los documentos de viaje, la prohibición de concurrir a las zonas restringidas de todos los aeropuertos del país, la vigilancia de la imputada mediante dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física”.

Según estableció la investigación, en el vuelo iba como tripulante la ex pareja de Carbone, que hacía solo unos meses la había abandonado y los investigadores sostienen que ella actuó por despecho.

La resolución del juez, de más de 100 páginas, establece que la azafata llevo a cabo la amenaza a través de un mensaje de voz en WhatsApp, “utilizando una línea telefónica que no le pertenecía (…), sumado al contexto en el que tuvo lugar el hecho, el contenido de la amenaza proferida y el anonimato del remitente, generó un temor con capacidad para incidir en el ánimo del público que se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza”.

El mensaje en cuestión llevaba una voz distorcionada: “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”. Al piloto también le llegaron amenazas a su teléfono diciendo que sabía a qué colegios iban sus hijas, que hiciera caso.

Villena dispuso a su vez “trabar embargo sobre los bienes de la imputada, hasta cubrir la suma de 400 millones de pesos”, que se condicen con “la erogación, por el momento, de al menos 1.215.740 dólares en cabeza de Aerolíneas Argentinas, sumado a los gastos incurridos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Sección Destacamento Pista de la Superintendencia Federal de Bomberos y la Asociación Nacional de Aviación Civil” tras la falsa amenza de bomba.

Además, se determinó el sobreseimiento de la hija de la azafata, Candelaria Guadalupe Olivera, porque “no se ha podido confirmar la hipótesis delictiva”. “Si bien la nombrada ha sido mencionada, con el derrotero de la investigación se pudo determinar que no formó parte de la maniobra”, asegura la resolución.