Tras el escándalo que protagonizaron los dos diplomáticos rusos que se negaron a someterse a un test de alcoholemia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que debían “respetar las leyes” y someterse al control de tránsito.

Sergei Baldin y Cardmath Salomatin son los ciudadanos rusos que negaron a realizarse un control de alcoholemia en un operativo policial montado en el barrio porteño de Recoleta. En el hecho intervino la Policía de la Ciudad, Cancillería argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que generó un debate respecto a la normativa que enmarca la situación. 

¿Cuál fue la postura que tomó el gobierno porteño? Tras el hecho, el gobierno porteño señaló que en 2022 una circular enviada a las distintas embajadas en el país les recordó a los funcionarios acreditados que debían “respetar las leyes” en materia de circulación vehicular ante las “múltiples quejas” de vecinos por infracciones cometidas por autos con chapa diplomática.

La circular diplomática número 18/2022 fue enviada el 5 de julio de ese año para alertar sobre “las infracciones cometidas con vehículos con patentes diplomáticas”.

El documento se basa en la Convención de Viena, que estipula que los diplomáticos no pueden ser arrestados ni procesados penalmente en el país anfitrión, sin embargo, las leyes internacionales también establecen que deben respetar las normativas del país en el que se encuentran. 

El artículo 41, inciso 1, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dice: “Todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor”.

“Los funcionarios diplomáticos, en lo que a la materia de circulación vehicular se refiere, tienen las mismas obligaciones que todos los ciudadanos y residentes en la Argentina”, alerta la circular.

Esta medida incluye el cumplimiento de las normas locales de tránsito vehicular, igualando a los funcionarios diplomáticos con los ciudadanos y residentes de Argentina en este aspecto. 

La circular de la Cancillería dijo entonces que “en consecuencia, y tomando en consideración las múltiples quejas de vecinos de la ciudad con relación a las infracciones cometidas por vehículos con patente diplomática (estacionamiento sobre las veredas, estacionamiento obstruyendo salidas de garajes, etc.), se hace saber que, en dichos casos, la Policía de Tránsito aplicará las multas correspondientes, procediendo al acarreo de dichos vehículos cuando ello resulte procedente”.

El acarreo al que alude la nota al parecer entraría en contradicción con el artículo 22, inciso 3, de la citada convención.

La nota dijo que, además, “en todos los casos en que un vehículo con patente diplomática sea acarreado, la Representación -o el funcionario- deberá hacerse cargo del costo de dicho acarreo con el fin de recuperar el vehículo”.