Las amenazas de tiroteos en colegios se repitieron en distintas localidades del país desde que un alumno mató a otro de un escopetazo el 30 de marzo último en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" del departamento de San Cristóbal, en Santa Fe, donde la Policía provincial notificó ahora a un hombre que deberá pagar más de 6 millones de pesos por una acción de su hijo en ese sentido. "Cara la jodida", dijo el sancionado al recibir la información al respecto. 

Así lo reportó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien ofreció detalles a la prensa sobre la primera notificación provincial enviada a padres de estudiantes acusados de concretar amenazas en las escuelas, quienes deberán hacerse cargo de los costos de los operativos que demandaron esas acciones intimidatorias.

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El primer procedimiento informativo fue concretado este lunes por la Policía provincial y el adulto responsable, al recibir la boleta, reaccionó de la manera singular que contó el funcionario. 

"Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos", sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, según consignó el portal de Radio Uno 931.

Cococcioni, en contacto con periodistas, detalló que la notificación fue entregada en la ciudad de Santa Fe al padre de un menor identificado como autor de una de las amenazas, al tiempo que precisó que el monto total de la sanción es de $6.024.944, que deberá abonar como responsable solidario. 

Las notificación detalla el monto de la deuda y los medios de pago. El plazo para abonar es de cinco días. Vencido ese término, si no se canceló, los antecedentes se girarán a la Justicia.

El total de las sanciones supera los 250 millones de pesos

El funcionario provincial, asimismo, señaló que se identificaron a los responsables de 58 incidentes de este tipo, lo que involucra a "más de 70 personas", debido a que en algunos casos hubo múltiples autores. 

"A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y se emiten las intimaciones", sostuvo Cococcioni.

Según datos oficiales, el monto total reclamado por la Provincia por los incidentes de este tipo supera los 250 millones de pesos. 

"Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento", explicó el ministro.

El funcionario provincial aclaró que se trata de "una indemnización civil por el resarcimiento del daño", por lo que no es una sanción penal. 

"No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes", finalizó.