Desvinculan a una funcionaria tras un allanamiento por abuso sexual infantil
La directora de un centro comunitario en Río Gallegos fue apartada de su cargo tras ser demorada en el marco del operativo Aliados por la Infancia VI.
El Gobierno de Santa Cruz dispuso este martes la desvinculación inmediata y definitiva de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que dirigía el Centro Integrador Comunitario (CIC) Nuestra Señora del Carmen.
La medida, según informó el medio local La Opinión Austral, se ejecutó luego de un allanamiento en su domicilio particular en Río Gallegos, vinculado a una investigación federal de alcance global sobre redes de explotación y consumo de material de abuso sexual infantil.
Detalles del operativo Aliados por la Infancia VI
La exfuncionaria quedó a disposición de la Justicia en el marco de un despliegue internacional coordinado a partir de reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
En la provincia de Santa Cruz, las actuaciones lideradas por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, incluyeron 13 allanamientos simultáneos, resultando en ocho personas detenidas y el secuestro de dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se actuó "con rapidez y responsabilidad", priorizando el resguardo institucional frente a la gravedad de los hechos investigados.
La causa busca determinar el alcance de las conductas digitales y su posible conexión con redes internacionales de distribución de material ilícito.
Impacto en la gestión territorial
La mujer desempeñaba sus funciones desde octubre de 2024, con una fuerte presencia territorial en barrios de la capital santacruceña a través de programas de inclusión y talleres comunitarios.
Debido al rol social que ocupaba el CIC, la noticia generó una fuerte repercusión en la comunidad local.
Fuentes de la investigación confirmaron que, además del caso de la exdirectora, se intervino en domicilios por delitos de grooming.
Desde el Gobierno remarcaron que "la decisión se tomó de manera preventiva" ante una situación de alto impacto público, mientras la Justicia avanza en el análisis de los rastros digitales para definir la situación procesal de todos los involucrados.
