En Entre Ríos un brasileño pagó 40 mil dólares por cazar ciervo: investigan tráfico de fauna
Tras la denuncia, la Justicia Federal ordenó allanamientos y secuestró bienes por $1.300 millones.
La Justicia Federal investiga un presunto esquema de tráfico de fauna silvestre tras la ejecución de un ciervo colorado.
Un empresario brasileño abonó 40.000 dólares para cazar al animal en un coto privado de Gualeguaychú, lo que derivó en dos allanamientos policiales debido a la falta de documentación legal y al origen irregular del ejemplar.
El origen de la denuncia y traslado irregular
La causa penal está a cargo del juez federal Hernán Viri y del fiscal Pedro Rebollo, quienes analizan los movimientos de la firma De Bernardis Hunting.
Las sospechas principales apuntan a que el ciervo fue trasladado de forma ilegal desde un criadero en Roque Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, hasta el coto de caza "Médano Salvaje".
El hecho ocurrió el 16 de marzo, pero se conoció recientemente luego de que el propio establecimiento difundiera fotos del cazador con el animal muerto en redes sociales.
La publicación alertó a la organización ambientalista Freeland, entidad que formalizó la denuncia ante la Brigada de Control Ambiental (BCA) para iniciar el expediente judicial.
Allanamientos y secuestros de valor millonario
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina inspeccionaron el predio rural el 10 de junio, donde incautaron una cornamenta de 72 puntas y hallaron especies exóticas sin registrar.
En el lugar, que funcionaba sin habilitación provincial, convivían búfalos de la India, antílopes y ciervos axis dentro de un predio cercado de 130 hectáreas.
Un segundo operativo en un galpón céntrico permitió secuestrar un arsenal de 29 escopetas, un revólver y más de 15.000 cartuchos.
También se decomisaron decenas de taxidermias, cueros de animales silvestres y computadoras con material fotográfico clave para la causa.
Los bienes incautados superan un valor estimado de 1.326 millones de pesos, trasladados en camiones hacia la sede policial local.
La hipótesis principal del caso evalúa severas infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y violaciones a la normativa nacional de armas.
