Nuevo revés judicial para la mujer acusada de ser cómplice en el femicidio de Érika Álvarez
La Justicia de Tucumán volvió a fallar en contra de Justina Gordillo. El cuerpo de la víctima había sido hallado en un basural, dentro de bolsas.
La Justicia de Tucumán volvió a negarle la libertad a Justina Gordillo (48), la mujer detenida por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25), la joven cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero pasado en un basural.
La defensa de la imputada, considerada complice del principal acusado, Felipe "El Militar" Sosa, solicitó el cese de la prisión preventiva o, en forma subsidiaria, el arresto domiciliario. Sin embargo, la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci rechazó ambas alternativas y ordenó que Gordillo continúe alojada en el penal de Delfín Gallo, donde permanece desde el 10 de febrero último.
Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Carolina Brito también se opuso a la excarcelación, y argumentó que los riesgos procesales "no solo se mantienen, sino que se incrementan".
Según informó Contexto Tucumán, la fiscalía advirtió que en caso de recuperar la libertad, Gordillo podría entorpecer la investigación mediante la alteración u ocultamiento de pruebas. La querella adhirió a esa postura.
Al resolver, la magistrada subrayó la gravedad del caso -encuadrado como femicidio- y fue contundente respecto del rol de la acusada: "Se trata de una participación activa en el encubrimiento", afirmó al fundar su decisión. Semanás atrás, había sostenido la misma postura.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, que conduce el fiscal Pedro Gallo. Junto a Gordillo, permanecen detenidos Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40).
La hipótesis del femicidio
Según la acusación, el homicidio de Álvarez ocurrió en la madrugada del 7 de enero de 2026. Horas después, Gordillo se habría presentado en reiteradas ocasiones en la vivienda de su pareja, Felipe Sosa, en Yerba Buena, donde permaneció durante varias horas entre ese día y el siguiente.
La Fiscalía le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, de la camioneta utilizada y de otros elementos de prueba, y haber facilitado la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires.
A eso se suma una arista económica que agrava su situación procesal: según los investigadores, Gordillo habría adquirido una motocicleta a su nombre y recibido poderes notariales para operar cuentas bancarias y administrar empresas vinculadas al imputado principal, trámites realizados el 9 de enero -un día antes de la partida de Sosa hacia Buenos Aires.
El delito que se le imputa es "encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real", con tres agravantes: la gravedad del hecho precedente, el ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública, ya que Gordillo se desempeña como empleada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
