A casi siete meses del triple lesbicidio, que tuvo lugar en el barrio porteño de Barracas, la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, solicitó la recusación del juez Edmundo Rabbione por revictimizarla y no considerar el hecho como un crimen de odio. Otro de los casos policiales más impactantes de la jornada.

En esa línea, la asesora de la víctima, Luli Sánchez, indicó que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones determinará si desplaza o no al magistrado de la investigación, según consignó la Agencia Noticias Argentinas. 

"Sofía está viviendo un trauma terrible. La única asistencia que recibe es del equipo del Hospital de Salud Mental Bonaparte que está siendo diezmado. Queda un tercio de los profesionales que trabaja con ella", consignó Sánchez, y destacó que Sofía se encuentra en Casa Andrea, un hogar transfeminista inaugurada hace un mes.

Según señala el documento difundido por "Colectivo YoNoFui", Rabbione "no actuó con las debida diligencia reforzada para casos de violencia hacia las mujeres y personas LGTBIQ+". 

Además, puntualizó que el planteo se basa en que "Sofía nunca fue oída por un tribunal imparcial, tal como lo establecen distintos artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos".

En este sentido, sostiene que la víctima, "tiene que pasar por una constante sospecha, despojos y falta de reconocimiento del juez hacia ella, su identidad y su vínculo con Andrea, y la comunidad lesbiana que formaba con Pamela y Roxana".

¿Cuáles son los argumentos para pedir la recusación del juez?

El pedido resalta que la víctima "teme que por las acciones del juez de la causa, el acusado sea liberado o el juicio resulte en una condena burlesca, por un crimen menor".

También hace hincapié en la revictimización, así como el desconocimiento de su vínculo con Andrea Amarante y su orientación sexual. En primer término, el magistrado entregó las pertenencias de las mujeres a los vecinos cuando estaban internadas tras el ataque.

"Los documentos, teléfonos, recuerdos que se habían salvado del fuego y el agua, se tiraron a la basura, y se sustrajeron los celulares de las víctimas", remarca el escrito. 

A su vez, agrega que la única sobreviviente sufrió la pérdida de su novia y dos amigas.

En ese contexto, Sofía aportó pruebas de que tanto ella como Andrea padecían violencia por ser pareja igualitaria, con el objetivo de impedir su convivencia con agresiones verbales, físicas y sexuales, y la desestimación de las diversas denuncias y reclamos frente a los ataques.

"En el hotel donde convivían las cuatro junto a Pamela y Roxana, las agresiones también se originaban en su convivencia lesbiana, cuando hacían uso de baños y cocina del primer piso del hotel pensión, piso donde también residía el imputado", suma el documento.

También, Castro Riglos sumó evidencia que demuestra la falta de contención de la familia de Andrea, que vive en la provincia de Neuquén.

El hecho investigado ocurrió durante la noche del 6 de mayo. Justo Fernando Barrientos, un vecino de las cuatro mujeres que se hospedaban en el hotel Canarias, situado en la calle Olavarría 1621, lanzó una bomba molotov al departamento de ellas y mató a Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, pareja de Sofía Castro Riglos.

Uno de los principales cuestionamientos es que Rabbione no tomó testimonios y no preservó la habitación donde ocurrió el triple crimen y “afectó la posibilidad de realizar medidas de prueba posteriores (no hay filmaciones del lugar, los croquis no están completos ni a escala)”. 

Tampoco se cuidaron los celulares o prendas de vestir de las víctimas para peritajes, y la ropa que Barrientos tenía al momento de la masacre. Incluso, no se ordenó el allanamiento del cuarto del acusado, para la incautación de líquidos inflamables y otros objetos de interés para la investigación.

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