El portavoz presidencial Manuel Adorni aseguró que el paro general liderado por la CGT este miércoles solo tuvo un "acatamiento de 40 mil personas, que son las que vimos en la calle". 

"Los locales comerciales, la vida comercial ha sido normal", agregó y destacó el funcionamiento de protocolo antipiquetes. En este sentido, aseguró que los informes de diferentes asociaciones indican que "el acatamiento fue muy bajo".

Adorni también destacó los mecanismos de denuncias que han implementado a través de la línea 134 y agradeció a "los millones de argentinos que siguen confiando en el gobierno y que no han adherido a este paro".

En este sentido, el funcionario aseguró que la medida de fuerza organizada contra la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023 representó "sólo al 0,19% de los trabajadores". "Prácticamente fue un día normal", insistió.

Luego, consideró que la huelga fue impulsada por "una minoría que no logra metabolizar el resultado de la elección" presidencial de 2023, opinó que la CGT es una "casta sindical en retirada" que "no quiere perder privilegios" y cuestionó al gremialista Pablo Moyano por decir que iba "a tirar al Riachuelo" al ministro de Economía, Luis Caputo.

Ante la ronda de preguntas, Adorni aseguró que el Gobierno no llevó adelante cambios en el texto del dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y afirmó que el proyecto de ley "en principio" se debatirá en el recinto "la semana siguiente".

"El norte es claro, no nos vamos a correr ni medio centímetro de ese norte, que tiene como objetivo el déficit cero", remarcó sobre la iniciativa del oficilismo.

Del mismo modo, el vocero cuestionó un posteo en la red social X del diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez, quien dijo que "se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron" en un aspecto relacionado con los biocombustibles.

Fiscalía contra corrupción

Cabe señalar que Adorni comunicó que el Ministro de Justicia le va a sugerir al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una Fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales, no justificados.

Esto incluiría a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. "Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito. Nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficios", agregó.