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Diputados: el Gobierno busca debatir el 24 de junio un paquete de proyectos que incluye el Súper RIGI

La Casa Rosada acelera negociaciones en el Congreso para llegar con dictamen a una sesión clave que también abordará la Ley de Lobby y el acuerdo con fondos buitre.

El oficialismo buscará llevar al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 24 de junio un paquete de proyectos de ley clave en su agenda legislativa, entre los que se destaca la iniciativa conocida como Súper RIGI, que apunta a ampliar el régimen de grandes inversiones.

El titular del cuerpo, Martín Menem, ya transmitió a los jefes de bloque la necesidad de guardar esa fecha en el calendario para avanzar con el tratamiento de las propuestas y sostener el ritmo parlamentario aun semanas atravesadas por el Mundial de Fútbol.

La previsión oficial es llegar al recinto con los dictámenes correspondientes para tres ejes centrales: el denominado Súper RIGI, el proyecto de ley de lobby y la autorización para avanzar con el acuerdo de pago pactado con dos fondos buitre que todavía mantienen reclamos contra la Argentina.

La sesión quedaría encajada entre dos encuentros de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial, un dato que refleja la intención del oficialismo de avanzar con su agenda en el Congreso pese al evento.

Los tres proyectos en la agenda del 24 de junio: lobby, inversiones y deuda

Ley de lobby: reglas para transparentar las gestiones ante el Estado

Una de las iniciativas más avanzadas dentro del paquete es la que busca regular la actividad de lobby o gestión de intereses. Apunta a ordenar y dar mayor transparencia a las reuniones entre funcionarios públicos y representantes de empresas, organizaciones y otros actores que intentan influir en decisiones del Estado.

El texto empezó a discutirse en comisión y el oficialismo espera que pueda llegar con dictamen en la segunda quincena de junio. Entre sus principales puntos, establece la obligación de registrar este tipo de encuentros y de hacer públicos los contactos que mantengan los funcionarios en el marco de su gestión.

En el Gobierno sostienen que la medida busca reducir los espacios poco claros en la toma de decisiones y acercar el funcionamiento del Estado a estándares utilizados en otros países. Además, es uno de los proyectos que genera menos resistencia entre los bloques aliados, donde ven con buenos ojos avanzar en algún tipo de regulación.

El 24 de junio, el oficialismo buscaría avanzar en Diputados con el tratamiento de tres iniciativas clave: el Súper RIGI, la ley de lobby y el acuerdo con fondos buitre (Imagen: NA).
El 24 de junio, el oficialismo buscaría avanzar en Diputados con el tratamiento de tres iniciativas clave: el Súper RIGI, la ley de lobby y el acuerdo con fondos buitre (Imagen: NA).

Súper RIGI: incentivos para grandes inversiones en tecnología y energía

Otro de los ejes de la discusión será el llamado Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos ya vigente para grandes inversiones. En este caso, el enfoque está puesto en sectores tecnológicos y vinculados a la transición energética.

La propuesta apunta a atraer proyectos de gran escala en áreas como inteligencia artificial, producción de baterías, semiconductores, hidrógeno verde, vehículos eléctricos y nuevas tecnologías energéticas, con condiciones más estrictas que el esquema original.

Según lo trabajado en comisión, solo podrían acceder empresas con inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y proyectos con impacto estratégico a largo plazo. La idea oficial es generar previsibilidad para captar inversiones que todavía no están instaladas en el país y competir con otros mercados que buscan ese tipo de capitales.

Acuerdo con fondos buitre

El tercer punto de la agenda es el acuerdo con dos fondos buitre que todavía mantienen reclamos contra la Argentina por bonos en default. El entendimiento ya cuenta con media sanción del Senado y ahora debe ser aprobado por Diputados.

El acuerdo prevé el pago de alrededor de 171 millones de dólares y forma parte de la estrategia oficial para cerrar definitivamente los litigios que se arrastran desde la crisis de 2001 y las sucesivas reestructuraciones de deuda.

Desde el Gobierno remarcan que el entendimiento implica una quita respecto de los montos originales reclamados y lo presentan como una salida ordenada al conflicto. Además, el plazo para cerrar la operación vence el 30 de junio, lo que acelera su tratamiento legislativo en las próximas semanas.

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