El Gobierno nacional oficializó este viernes una reforma en el sistema de contrataciones de la Administración Pública. De este modo, se establecieron modificaciones en las competencias de los funcionarios encargados de autorizar, aprobar y adjudicar contrataciones estatales, sin necesidad de que intervengan ministros o el jefe de Gabinete.

La decisión, que quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 427/2026, publicado en el Boletín Oficial, busca agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad a los procedimientos de selección de proveedores del Estado.

Según indica el texto oficial, el objetivo es tratar de reducir instancias burocráticas y permitir una gestión más eficiente de los recursos públicos en las distintas áreas de la Administración Nacional.

Entre las principales modificaciones, la normativa amplía las facultades de secretarios y subsecretarios para intervenir en contrataciones de mayores montos. De esta manera, determinadas licitaciones, concursos públicos, subastas y adjudicaciones que anteriormente requerían la aprobación de ministros o del jefe de Gabinete podrán resolverse en instancias administrativas inferiores.

La nueva escala establece que los subsecretarios podrán intervenir en procedimientos de contratación de hasta 50.000 módulos en licitaciones y concursos, mientras que los secretarios tendrán competencia sobre operaciones que superen esos valores. Los ministros y el jefe de Gabinete continuarán teniendo participación en las contrataciones de mayor magnitud económica.

Además, la disposición modifica el régimen de autorización de gastos públicos previsto en la Ley de Administración Financiera. La nueva estructura fija límites actualizados para que directores, subsecretarios, secretarios y ministros puedan aprobar erogaciones según el monto involucrado en cada operación.

Por su parte, desde el Ejecutivo señalaron que la medida apunta a armonizar las competencias administrativas con la actual estructura organizativa del Estado, otorgando mayores responsabilidades a funcionarios que ejercen la conducción superior de distintas jurisdicciones y organismos.

Por último, la medida comenzará a regir cinco días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá aplicación inmediata sobre todos los procedimientos de contratación en curso, incluso aquellos que hubieran sido autorizados antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.