El presidente de la Nación, Alberto Fernández apoyó a Cristina Fernández de Kirchner a través de una publicación en su cuenta de Twitter, justo en el mismo momento en que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

El mandatario transmitió hoy su "más profundo afecto y solidaridad" hacia la vicepresidenta tras el pedido del fiscal para que la expresidenta sea condenada a 12 años de prisión, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia "la persecución judicial" en su contra.

El jefe del Estado difundió el mensaje apenas se dieron a conocer las condenas solicitadas por la fiscalía en la causa Vialidad que juzga el accionar de la vicepresidenta y otros funcionarios por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre el 2003 y el 2015.

"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: "Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que "el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad".

"Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del Derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho", dice la declaración.

Además, el documento remarca la falta de pruebas contra la exmandataria: "Ninguno de los actos atribuidos a la exPresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno".

Desde el Gobierno nacional reiteraron su adhesión al principio constitucional de inocencia y "a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley". En este sentido, retiraron su comprimiso por una reforma judicial que "garantice estos valores para todos y todas".

"Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos", concluye el texto.

Ver comentarios