El presidente Alberto Fernández anunció hoy que firmó un decreto a través del cual le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas "iniciar una acción que busca la nulidad" de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste.

"Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios", señaló el mandatario desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el ministro del área, Gabriel Katopodis.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que no hubo "ninguna justificación ni parámetro" para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol SA y GCO SA, que administran los accesos Norte y Oeste, respectivamente, y que llega en total a los 813.143 millones de dólares.

"En el transcurso de 2018, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como 'de vicio' y que determinan la nulidad absoluta", resaltó Katopodis.

A su vez, el titular de la cartera de Obras Públicas apuntó que Macri "otorgó una dolarización al contrato" de las autopistas de los accesos Norte y Oeste sin que hubiera "ningún componente que justifique" esa medida.

"Se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario. Pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual", enfatizó.

En esta línea reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas. Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino".

“Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas”, afirmó Katopodis y agregó que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”.

Por eso, la Dirección Nacional de Vialidad -dependiente del Ministerio de Obras Públicas-  presentará ante la justicia una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos 607 y 608 firmados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que ratificaron acuerdos de renegociación y tienen por objeto reconocer y cancelar una deuda bruta por parte del Estado Nacional de U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para AUSOL y U$S 272.621.570 para GCO). 

En toda la documentación que motivó la suscripción y posterior aprobación de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual, “presentada en su momento como imperiosa y urgente, no aparece acreditado que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino” por parte del CIADI, resaltó Katopodis y concluyó que “no tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento para justificar y avanzar con un proceso que fue oscuro, absolutamente arbitrario y que genera un perjuicio patrimonial para todos los argentinos”.