El Tribunal Oral Federal 2 exigió a los nueve imputados en la Causa Vialidad que depositen de manera solidaria el decomiso de 537 millones de dólares. El plazo vencía este miércoles pero ninguno realizó el pago y ahora ya les pueden ejecutar sus bienes. La ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, es una de las intimadas e hizo su descargo a través de sus abogados defensores.

En su respuesta a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la ex mandataria aseguró que no tiene el dinero suficiente para hacer frente a ese monto y apeló el cálculo de la actualización del mismo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. 

El escrito presentado por los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores con sentencias firme. Por lo tanto, según marcan, el decomiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”.

La defensa de Cristina apuntó, a su vez, a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, al sostener que establecieron fehacientemente qué bienes habrían sido producto de la defraudación al Estado que ellos dieron por probada, por lo tanto, no podrían ejecutarle bienes obtenidos de manera lícita. 

Igualmente y según informaron fuentes judiciales, Luciani y Mola tienen encomendado, a partir de ahora, por parte del Tribunal el rastreo e identificación de más bienes que puedan ser embargados con miras a ejecutar el decomiso. 

La Causa Vialidad se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

En ese marco, los fiscales comenzarán a trabajar en la ejecución de bienes y dinero ya embargado en la causa Vialidad.

El asunto del decomiso alcanza al resto de los condenados: Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. 

Los abogados de la ex presidenta, Beraldi y Llernovoy, agregaron en su escrito que  el Tribunal “confunde” la figura de un decomiso con una reparación civil. Y advierten que se incurre en la cosa juzgada, ya que ya se está sustanciando en paralelo un proceso civil para la reparación por daños, como lo establece el Código Penal.

Por eso, reclaman que el caso pase al fuero civil y comercial. A su entender, “traslada criterios de reparación civil al ámbito penal, generando un efecto confiscatorio y duplicando consecuencias patrimoniales”.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Sobre los bienes calculados en esta instancia, la defensa de Cristina Kirchner agregó: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”. Y remarcó que "toda" su evolución patrimonial y la de su familia es "absolutamente legítima".