Este martes, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría, en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados nacional, en base al proyecto de ley de Financiamiento Educativo, el cual establece una inversión del 6% hasta el 8% del PBI en el lapso de siete años.

Vale destacar que sólo resta la discusión del proyecto en la comisión de Presupuesto, a plantearse el próximo miércoles, para que sea debatido en el Congreso después del balotaje presidencial del 19 de noviembre, entre Sergio Massa y Javier Milei.

En tanto, desde el espacio de Juntos por el Cambio mostró algunas diferencias con el texto impulsado por el Poder Ejecutivo y adelantó que presentará un dictamen de minoría.

En la ronda de expositores del proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo figuró la de la legisladora oficialista y presidenta de la comisión, Blanca Osuna, quien detalló los pormenores de la iniciativa catalogado desde su perspectiva como un "bien público y un derecho", y que "el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar su acceso y pleno ejercicio".

Sobre la iniciativa, sostuvo que "el objetivo es avanzar en un 8% como mínimo del financiamiento, destinando un 6,5% para la cobertura de la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior, y un 1,5% para las instituciones de la educación universitaria".

Además, agregó que el proyecto "modifica la proporción de la inversión educativa, estableciendo un 60% del financiamiento a cargo del Estado Nacional y un 40% de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Según el texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluye operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado, y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.

Asimismo, la iniciativa plantea incorporar robótica y programación en las escuelas secundarias, dar continuidad a las becas Progresar y Manuel Belgrano, financiar la construcción de nuevas escuelas técnicas y cumplir con el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) como indica la Ley 26.150.

 

 

Gremios y especialistas le dieron el visto bueno al proyecto de ley de Financiamiento Educativo

 

Marcela Browne, secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) fue una de las expositoras que defendió el proyecto, al argumentar que "dos millones de niños de 45 días a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque hablamos de una desprotección total".

Otro de los expositores de la iniciativa fue el director de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Esteban Torre. En su discurso, destacó que "el proyecto pone el foco en la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras".

Por otra parte, el titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPA), Flavio Pinto, aclaró que "poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos", y sobre la iniciativa consideró que "es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos diez o quince años".

La diputada del Frente de Izquierda, Nathalia González, sostuvo este martes que "la inclusión y el acceso a la educación tiene que cuestionar las políticas económicas y pensar una educación no subordinada a los intereses de multinacionales, extractivismo y capital financiero como creemos propone este proyecto".

En tanto, la docente en la Universidad Nacional de Córdoba y secretaria general de CTA provincial, Leticia Medina, aspira a que "la efectivización de este proyecto de aumento presupuestario pueda mejorar la calidad del trabajo docente, en particular un mejoramiento de las condiciones de dedicación horaria universitaria".

Entre otras voces, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, aseguró que desde el gremio educativo "creemos que no hay un país soberano, no hay trabajadores dignos, y no hay un futuro digno para la Argentina si no existe una educación pública de calidad para todos y todas".