El DNU de Javier Milei y la desregulación del sector turístico: ¿Quién gana y quién pierde con la medida?
El decreto incluye la derogación de tres leyes. Uno de los argumentos del Gobierno es que elimina el monopolio de las agencias de viajes. Crónica habló con especialistas en turismo para conocer los alcances de las modificaciones.
Por Juan Bernardo Domínguez
Casi 2.000 personas que habían comprado el pasado abril un paquete en la agencia Turismo Felgueres, empresa con oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo, denunciaron haber sido estafadas por la compañía.
El precio era irrisorio para viajar desde Argentina a Turquía y Egipto. La empresa lo ofrecía a 2.200 dólares con 16 noches de hotel y tours incluidos, cuando el valor de mercado era más del doble para visitar esos países tan lejanos como atractivos. Pero los usuarios no tenían por qué saberlo.
Hechos de estas características suelen ser moneda corriente en el sector de servicios turísticos, pese a la regulación y los controles que tiene la actividad. De ahí la preocupación que generó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que, entre otros cambios, promueve la desregulación del sector turístico.
El presidente Javier Milei, en la cadena nacional con la que presentó la norma, aseguró que uno de sus objetivos es "eliminar el monopolio de las agencias de viajes".
El DNU deroga las leyes 18.828 (de Hotelería), 18.829 (de Agentes de Viajes) y 26.356 (de Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido).
“Se desprofesionaliza la actividad con grandes riesgos de estafas y evasiones”, advirtió este miércoles Lucila Roth, dueña de una agencia de viajes, al analizar la desregulación impulsada por el Gobierno, en diálogo con crónica.com.ar.
La empresaria manifestó que la derogación de la Ley 18.829, que reglamenta la actividad a partir de una licencia habilitante, “causó sorpresa porque deja al sector y principalmente a los consumidores de viajes totalmente desprotegidos”.
“Si bien es cierto que la ley era en parte obsoleta y requería algunas modificaciones para adaptarse a los cambios del mercado, de ninguna manera puede derogarse, ya que estamos hablando de un sector que requiere profesionales para llevarse a cabo; donde hay un control de quien lleva a cabo la actividad de manera responsable”, enfatizó.
A su turno, coincidió el abogado Martín Antoniucci, ex titular de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo, que alertó sobre “un efecto directo de la derogación de las leyes es la desregulación de los Registros que tienen un rol preventivo para proteger a los consumidores de que ninguna persona ofrezca servicios turísticos sin acreditar garantías, determinado tipo de respaldo económico”.
“Las cámaras empresariales venían planteando y discutiendo reformas para estas leyes por las vías parlamentarias adecuadas y, de hecho, hay proyectos de ley al respecto ingresados en la Comisión de Turismo”, resaltó Antoniucci al considerar que “no está justificada la necesidad de urgencia” del DNU en la materia.
¿Quién gana y quién pierde con los cambios?
Marcelo Molas, integrante de Agentes de Viajes Autoconvocados de Argentina (AVAA), por su parte, criticó el argumento del Gobierno sobre un eventual monopolio en el sector.
“Más de 5.200 agencias en todo el país certifican que no estamos ejerciendo un monopolio”, adujo Molas en declaraciones a crónica.com.ar. Y manifestó: “Si analizamos a quién perjudica o a quién beneficia, se puede decir que perjudica directamente a las más de 5.200 agencias de viajes que hoy estamos inscriptas en el Registro Nacional de Agencias de Viajes”.
El operador turístico agregó: “¿Y a quién beneficia? Difícil saberlo. No claramente al turista o al consumidor, porque asumirá un riesgo de comprar un viaje que hoy en día implica una importante cantidad de dinero y no sabemos si quien vaya a comercializar este servicio realmente tenga la capacitación, la experiencia y el conocimiento para dar un verdadero asesoramiento”.
Molas habló a eventuales evasiones producto de la desregulación y reclamó al Gobierno "especificar cómo se llevará a cabo la percepción del impuesto PAIS, que tiene una alícuota del 30% y la percepción del anticipo de Ganancias, los cuales, al día de la fecha, deben ser percibidos y rendidos por los Agentes de Viajes".
"Actuamos como recaudadores del Estado, asumiendo el riesgo y costos del manejo de dineros ajenos", concluyó.
Por J.B.D.
