Después de largas negociaciones, el gobierno nacional logró cerrar un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de unos U$S45.000 millones contraída en 2018 por la gestión de Mauricio Macri. El proyecto de ley incluye como anexos la totalidad de los documentos que forman parte del entendimiento y ahora será enviado ahora al Congreso, donde su tratamiento comenzará el próximo lunes.

"El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo", destacó un comunicado del Ministerio de Economía luego de que su titular, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández cerraran el acuerdo.

Acuerdo con el FMI: no habrá reforma previsional

En línea con lo dicho por el jefe de Estado al inaugurar las sesiones ordinarias, el texto difundido por el Palacio de Hacienda aclaró que este entendimiento "no prevé ninguna reforma previsional". "Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609".

El acuerdo incluye diez revisiones que se llevarán a cabo de manera trimestral durante dos años y medio. "El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de diez años, con un período de gracia de cuaro años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034", explicaron desde el Ministerio de Economía.

En otro punto, el comunicado señaló que la inflación "es un fenómeno multicausal que debe ser abordado por desde un enfoque integral". Y luego indicó que la "condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas".

Qué dice el acuerdo con el FMI sobre las tarifas

Por otra parte, el Gobierno aseguró estar "comprometido" en procurar el logro de sus "objetivos económicos y fiscales" y se mostró dispuesto a conseguir "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso". "Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales".

 

"Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago", remarcó el comunicado del Ministerio de Economía.

Y agregó en esa línea: "La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo 3 energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario".

"La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública", resumió el comunicado.

 


Noticia en desarrollo

Ver comentarios